¿México está realmente dispuesto a combatir el lavado de dinero?

MÉXICO – Al Grand Casino, propiedad del futbolista Rafael Márquez, llegó un operativo poco después de que  el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de tener un presunto vínculo con una red de lavado de dinero dirigida por el narcotraficante Raúl Flores.

Al negocio ubicado en la avenida Adolfo López Mateos de la ciudad de Zapopan (conurbada a Guadalajara, Jalisco), llegaron agentes de todo tipo: de la Procuraduría General de la República (PGR), la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, además de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.

Entraron, preguntaron, revisaron algunos documentos y se fueron, según documento la prensa local. Una semana después el casino sigue abierto. “A sus órdenes”, dicen.

Lo cierto es que pocas veces las autoridades mexicanas clausuran negocios mientras son investigados por lavado de dinero. De hecho, ni siquiera los propietarios pueden ser enviados a prisión preventiva en el caso de que se levante un proceso en su contra según en Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio.

“La ley mexicana es muy laxa contra de los delitos financieros”, advierte una y otra vez el presidente nacional adjunto de la Asociación de Sociedades Financiera de Objeto Múltiple (Asofom), Adolfo González.

La Asofom ha documentado que las cifras gubernamentales respecto al lavado de dinero a través de compañías están maquilladas porque sólo reconocen que en el país se mueven 10 mil millones de dólares de dinero ilícito pero, según sus propios estudios, el monto podría ser de entre 15,000 y hasta 60,000 millones de dólares.

“Si se reconoce oficialmente que el 60% de la economía mexicana es informal, el porcentaje de la economía lava dinero en el sentido de que no cumple con la obligación de pagar impuestos y porque por ahí se pueden hacer muchas cosas sin ser detectadas”, dijo González.

Una de las hipótesis por las cuales México no combate a profundidad el blanqueo de capitales está relacionada a un asunto pragmático: si oficialmente se reconoce que el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) depende de esos dineros combatirlo sería dejar en la calle a millones de mexicanos como los empleados tan amables que hoy responden a las llamadas telefónicas del Grand Casino.

Por otro lado, la corrupción en el que están implicados cientos de funcionarios podría acarrear una inestabilidad política, una cacería de brujas y un hecatombe social como ocurrió en Colombia en décadas recientes, según explica el analista de Seguridad, Edgardo Buscaglia.

“Hace falta mucho coraje en un país, estar dispuestos a tocar fondo, para combatir el lavado de dinero”, precisa.

Desde el año 2013, la organización no gubernamental Global Finantial Integrity ubicó a México como la segunda economía de 160 países con los mayores flujos financieros ilícitos sólo después de China y arriba de Rusia.

En ese tiempo, Raymond Baker, director de GFI, advirtió que esta posición era generada por las violaciones de las leyes comerciales, la evasión fiscal y la manipulación comercial. “Esto se solucionaría con la transparencia de los flujos de las entidades financieras”, detalló.

Transparentar estos flujos requeriría de un aparato gubernamental con el que no cuenta actualmente la Unidad contra el Lavado de Dinero en manos de la PGR y voluntad de todos los integrantes, incluyendo los acusados como el futbolista Márquez quien cerró por su iniciativa la escuela de futbol ubicado en El Salto, Jalisco, pero dejó abiertas otras con nuevas políticas como en Grupo nutricional Alhoma: cobro en efectivo.