Florida: El juicio por el derecho a votar sin pagar deudas antes se acerca al final
Un histórico juicio por el derecho al voto en Florida entra en su recta final
Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión
MIAMI – El juicio con el que miles de exreos de Florida buscan recuperar el pleno derecho al voto entró este miércoles en su fase final tras hacer historia por su celebración por internet y por las implicaciones que se prevé tendrá en las elecciones del próximo 3 de noviembre en este reñido estado.
En la audiencia de hoy, abogados del gobernador Ron DeSantis, el demandado, y de los demandantes, en su mayoría exprisioneros afroamericanos de escasos recursos que están siendo obligados a pagar multas, honorarios y restituciones pendientes para poder votar, presentaron los argumentos finales durante una fluida audiencia, que fue telefónica para la prensa y el público en general.
Al cabo de cerca de tres horas, el juez a cargo del juicio, Robert Hinkle, prometió que decidiría “tan pronto como pueda”, haciendo alusión a la premura que exige el calendario electoral y el registro de votantes, que en Florida vence el próximo 20 de julio.
La vista de hoy abarcó especialmente la discriminación por raza y riqueza, desempleo e imposibilidad de pago de la gran mayoría de estas personas que ya cumplieron sus condenas, e incluso el juez enfatizó como posible variable la afiliación política de los afroamericanos, inclinados históricamente por el Partido Demócrata.
La alegría duró poco
Por los menos 1.4 millones exreos se favorecieron del que fue considerado un gran triunfo en las elecciones de 2018, la aprobación de la Enmienda 4, que les devolvió el derecho al sufragio.
Pero la alegría duró poco con una nueva ley promulgada meses después por DeSantis que los obliga primero a pagar sus deudas de corte pendientes antes de ejercer de nuevo ese derecho.
El reto legal contra esta ley comenzó con 17 expresidiarios que alegaron imposibilidad de pagar esos costes, pero después se amplió a una demanda colectiva contra DeSantis, quien firmó el 2019 una ley que reguló la enmienda y que tuvo un trámite sin problemas en un legislativo de mayoría republicana.
La Enmienda 4 había significado un hito para los exreos que durante la Administración anterior, del republicano Rick Scott, ahora senador por Florida, enfrentaron un engorroso proceso de clemencia que hizo casi imposible recuperar ese derecho.
En su mayoría los afectados con la ley de DeSantis son afroamericanos, entre ellos muchas mujeres, que han tenido que abstenerse de registrarse en el padrón electoral en un año en el que se define la permanencia o no del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
La defensa de DeSantis, sin embargo, alegó hoy en la corte virtual que las motivaciones del republicano y la Legislatura no fueron por discriminación racial.
La Enmienda 4, que obtuvo más del 64 % de aprobación, restauró el derecho al voto de aquellos reos que completaron sus condenas sin incluir a aquellos que cometieron crímenes violentos como asesinatos o delitos sexuales.
Un fallo clave en un año electoral
El veredicto de Hinkle podría agregar cientos de miles de nuevos votantes al padrón electoral de Florida, hasta febrero pasado con un total de 13.7 millones de votantes, entre ellos 5.1 millones demócratas, 4.8 de republicanos y 3.6 de independientes.
Hinkle ya había fallado de forma preliminar en octubre pasado a favor de los entonces 17 demandantes, decisión que recurrió DeSantis en una corte de apelaciones de Atlanta, con un resultado negativo para el republicano.
Un panel de tres jueces dictaminó entonces que el requisito de pagar las llamadas Obligaciones Financieras Legales (LFO) era “inconstitucional” citando la discriminación por riqueza.
En ese sentido, los abogados de los demandantes criticaron hoy que el gobierno de Florida no ha apoyado a estos potenciales votantes con iniciativas que les ayuden a pagar estos costes tras siete meses de dicho fallo y a menos de seis de las elecciones presidenciales.
Los votos de estos electores son cruciales en Florida, un estado que elige indistintamente a demócratas o republicanos por un escaso margen, como en 2016 cuando Trump ganó el estado a la demócrata Hillary Clinton con apenas 1.2 puntos porcentuales.
Trump, con residencia legal en Florida y asiduo visitante del estado, enfrentará a Joe Biden, el virtual nominado demócrata, que lo aventaja por un promedio de 3.2 puntos en las últimas encuestas de preferencia en este estado.
Pago para votar
Los abogados de los demandantes plantearon en el juicio que estos pagos impuestos por DeSantis, aliado político de Trump, son un “castigo” debido a que los afroamericanos presentan altas tasas de desempleo, lo que empeora cuando son expresidiarios, y que ellos “simplemente no pueden pagarlos”.
Uno de los testigos, Dan A. Smith, de la Universidad de Florida, señaló que casi el 80 % de los más de 1 millón de exreos debe al menos $500 dólares en honorarios legales.
Criticaron además la inexistencia de un sistema centralizado estatal que permita saber las LFO de expresidiarios, lo que dificulta a quienes puedan incluso pagar.
La demanda civil fue presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y el Southern Poverty Law Center (SPLC), entre otros grupos civiles, que alegan es la medida supone un retroceso a la época en la que los ciudadanos en algunos estados tenían que pagar un “impuesto” para poder votar.
