Las razones por las que matan a periodistas en México aunque estén escoltados o protegidos

MEXICO.- Gildo Garza huyó de Tamaulipas para evitar su muerte. Fue en 2017, después de un secuestro, sesiones de tortura, campañas de desprestigio y ataques al periódico Cambio, el medio de comunicación al que apostó10 años de su vida como director.

Cinco años después, convertido en abogado y activista concluye: “El Mecanismo de Protección a Periodistas debe desaparecer”.

Sus declaraciones son tan contundentes como polémicas, reconoce. Porque fue este sistema del Estado mexicano, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el que lo ayudó a sobrevivir, pero también en el que ha visto más fuga de dinero que amparo para los periodistas amenazados.

Por un lado, detalla en entrevista con este diario, “inflan los precios de los servicios que nos dan”. Por ejemplo, dicen que el teléfono, la luz, el alquiler, tienen un costo que si lo pagara una persona normal sería de la mitad; por otro lado, cuando el mecanismo avisa a los gobiernos estatales los revictimiza porque en la mayoría de los casos son las autoridades las enemigas de los comunicadores.

Los argumentos de Gildo Garza sobre las deficiencias del Estado mexicano para garantizar la vida de los comunicadores coinciden con el informe publicado en días pasados con el título Bajo Riesgo, un estudio de la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) con apoyo de la ONU.

Bajo riesgo ubica las fallas de los programas oficiales en su deber para cobijar a periodistas que están en riesgo en América Latina; México en primer lugar.

Desde 2019, este país es la nación donde más comunicadores han sido asesinados al año. Solamente en 2021, fueron siete. En enero y febrero de 2022, otros cinco cayeron; entre ellos Lourdes Maldonado, quien narró sus temores en una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien estaba bajo la protección del gobierno del estado de Baja California. 

Con Maldonado sumaron nueve periodistas quienes, a pesar de ser protegidos por el estado, cayeron en manos de asesinos.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se aprobó en 2012.  A partir de ella  se creó un mecanismo dirigido hacia esos dos perfiles. Su objetivo es establecer la cooperación entre el gobierno federal y los estados para implementar medidas preventivas y de protección en caso de riesgo.

Entre las acciones urgentes están el retiro de la víctima del lugar donde peligra, su reubicación temporal y la asignación de escoltas para proteger el inmueble donde esté el beneficiario, además de otras necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los defensores. 

En principio, el traslado de víctimas hacia otra ciudad más segura suele ser lo más efectivo; el problema es cómo sobreviven después, explica Gildo Garza. 

“Me dieron un refugio en otro lugar donde yo tenía que empezar de cero, con toda mi familia sin nada más que 70 pesos diarios (alrededor de $3 USD) para alimentos”, advirtió.

El periodista Tamaulipeco tuvo que reinventarse. Dejar atrás las investigaciones sobre crimen organizado, cárteles, funcionarios corruptos y reducir el impreso de Cambio a sólo digital. Fundó una institución civil de periodistas desplazados y se puso  a estudiar derecho para aprender los tejes y manejes de las leyes mientras una de sus hijas se despertaba por la noches alterada.

Toda la familia estaba desencajada. No recibió atención sicológica ni médica y, excepto  por el pago de la renta, se tuvo que rascar con sus propias uñas para sobrevivir. Gildo hizo diseño gráfico, mercadotecnia, comida para vender…

Aún no se siente reinsertado totalmente. 

“El gobierno tendría que ponerse a trabajar de manera integral: activar a la Secretaría de Economía para facilitar créditos de negocio para los periodistas afectados; créditos para viviendas, una comisión ejecutiva de atención a víctimas hasta que el delito sea reparado y, si siguen las amenazas, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para sacarlos del país”, advierte.

Pero no hay nada de eso. “Mucho menos en la investigación”, precisa. “La Fiscalía General de la República tiene abiertas siete carpetas de mi caso, pero sigue impune”.

El informe Bajo Riesgo señala que a pesar de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) opera desde 2010, los resultados son mínimos y con conclusiones alarmantes.

De las 1,140 investigaciones iniciadas por la institución entre 2010 y 2018, sólo el 16.3 % terminó en procesos o juicios y de las diez sentencias obtenidas con base en las investigaciones, seis tenían por lo menos un servidor público involucrado. 

“Imagínate, a muchos periodistas les han dicho que ya no corren peligro y los empujan a regresar a su estados, al matadero”, detalla Gildo, quien se encuentra actualmente en una batalla legal para que no le quiten el refugio. 

Nunca tuvo escoltas y hace un tiempo le quitaron el botón de alerta de pánico.

La versión oficial, a través de Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional del mecanismo, de la Secretaría de Gobernación, reconoció que hay “una crisis de derechos humanos, en la que el gobierno mexicano es considerado responsable de la muerte de periodistas y defensores”.

Explicó que para tener claridad de cuáles son los factores estructurales que pone a los periodistas en la mira de sicarios, el gobierno realizará en abril próximo siete regionales para discutir con la sociedad en su conjunto propuestas para la nueva ley y para la elaboración del Sistema Nacional. 

El reporte de RSF adelanta que se trata de carencias institucionales que desembocan en la impunidad: falta de coordinación entre policías o falta de dinero para que éstos averigüen; inexperiencia y ausencia de empatía por parte de los funcionarios encargados del mecanismo, burocracia… 

¡La ley establece un plazo de hasta 10 días para realizar el análisis de riesgo y de otros 30 días para implementar el plan de protección! 

“La realidad es que no puede ser obligación de una sola institución resolver un problema histórico y estructural de la sociedad mexicana, que se manifiesta en el creciente número de agresiones y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos”, concluye RSF. “El aparato estatal necesitaría enfrentar este desafío como un todo”.

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