Defensores de inmigrantes arman guía para enfrentar a ICE ante tribunales
La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, han lanzado una iniciativa de derechos legales diseñada para ofrecer información precisa y clara a quienes estén privados de su libertad en Luisiana; con este proyecto se busca inyectar una pequeña cantidad de transparencia, responsabilidad, supervisión y humanidad
La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, quien se ha destacado por defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a los presos en Luisiana ha dado a conocer una guía para que los inmigrantes puedan enfrentar a ICE ante tribunales.
“A la ACLU de Luisiana y a nuestros socios les preocupa que las personas detenidas por las autoridades de inmigración no conozcan sus derechos legales básicos en lo que respecta a buscar reparación ante los tribunales federales a través de la orden de hábeas corpus. Los centros de detención de inmigrantes en Luisiana son muy numerosos y geográficamente diversos y el Programa de Orientación Legal, LOP, actual no proporciona ninguna información sobre los derechos de las personas a buscar reparación en un tribunal federal a través de la orden de hábeas corpus”, dio a conocer Nora Ahmed, ACLU de Luisiana Director Legal.
En el mismo comunicado dieron a conocer que ICE se encuentra almacenando a personas en cárceles privadas, su mayoría rurales, en todo Luisiana, pero sin un acceso adecuado a apoyo legal o de otro tipo comunitario.
“Estas cárceles son una pieza integral de la máquina de deportación y al viajar a ellas para presentar información legal básica, podemos inyectar una pequeña cantidad de transparencia, responsabilidad, supervisión y humanidad en un sistema destructivo”, dijo Matthew Vogel, supervisor. Abogado en NIPNLG.
Anthony Enríquez, vicepresidente de defensa y litigios de EE.UU. en Robert. F. Kennedy Derechos Humanos, indicó que Luisiana es el estado que más inmigrantes tiene detenidos y que el gobierno federal encía “silenciosamente” a miles de inmigrantes que luchan contra la deportación a una red de prisiones privadas rurales, impidiendo en automático que se le brinde acceso a un abogado, a familiares e incluso a redes de apoyo.
“Al brindar educación sobre los derechos legales básicos damos un paso muy necesario para garantizar que todos tengan una audiencia completa y justa de su caso de inmigración”, acotó Enríquez.
La abogada de Servicios Directos en la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sureste del Centro de Leyes de Pobreza del Sur, Rose Murray, señaló que pese a que se encuentran trabajando en la preparación de recursos para los inmigrantes privados de su libertad, les es imposible presentar adecuadamente la información en diversos idiomas y formas necesarias para las personas que enfrentan riesgos de “vida o muerte”.
“Esperamos que este proyecto aumente el acceso a los tribunales federales y facilite las liberaciones justificadas de la detención de ICE”, dijo Murray.
“Junto con la ACLU de Luisiana y los socios de la coalición, Covington espera ampliar los recursos disponibles para las personas detenidas para impugnar su detención a través del recurso de hábeas corpus. Estamos agradecidos con la ACLU de Luisiana y Rapid Defense Network por su orientación, y esperamos que los materiales que reunimos brinden alivio a las personas detenidas inconstitucionalmente”, dijo Hannah Hummel, asociada de Covington & Burling LLP.
Los hallazgos clave presentados en el informe incluye que:
• El 20 % de los centros de detención a los que llamaron los investigadores, nadie atendió el teléfono o los operadores se negaron a responder preguntas básicas sobre el acceso a los abogados.
• Al menos 58 centros de detención de ICE no permiten que los abogados programen llamadas telefónicas con un cliente detenido en una fecha y hora determinadas.
• Los inmigrantes detenidos deben pagar para hacer llamadas telefónicas salientes a abogados en aproximadamente el 85 % de las instalaciones de las que recibimos respuestas.
• Los abogados de casi la mitad de las 44 instalaciones de las que recibimos respuestas a la encuesta de abogados informaron demoras arbitrarias o denegación de acceso a sus clientes en la instalación.
• Los abogados encuestados en varias instalaciones informaron que las visitas en persona no se realizan en entornos confidenciales, lo que destruye el privilegio abogado-cliente.
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