Organizaciones exponen consecuencias de reforma judicial para una justicia imparcial e independiente en México

Colectivos de organizaciones, víctimas, personas juzgadoras y especialistas en derechos humanos expresaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su preocupación por los riesgos que la reforma judicial plantea para la independencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia en México.

En un comunicado en conjunto, aterrizaron sus cinco argumentos centrales durante una audiencia a petición de juzgadores mexicanos y organizaciones especializadas en derechos humanos:

1. Acceso a la justicia para todas las personas

La reforma no prioriza ni atiende las necesidades de las víctimas. Tan sólo en 2023, el 92.9% de los delitos no se denunciaron debido a la desconfianza en las autoridades. Es una oportunidad perdida que no se haya propiciado una reforma integral al sistema de justicia, que atendiera las deficiencias en las fiscalías, las policías y las defensorías públicas, y que planteara mecanismos concretos para mejorar la atención a las víctimas y la eficacia de las investigaciones para combatir la impunidad.

2. Riesgos para la independencia judicial

La reforma introduce la elección de personas juezas, magistradas y ministras por voto popular sin mecanismos que aseguren la definición de perfiles idóneos e independientes, por el contrario, la reforma los hace susceptibles a presiones políticas, económicas y populares. Esto podría corromper su imparcialidad y su función de proteger derechos fundamentales, al priorizar la popularidad sobre una justicia objetiva e imparcial.

3. Proceso de selección y cese de jueces y juezas

La nominación de las personas candidatas por las que se votaría se hará a través de comités elegidos por cada poder público, los cuales no sólo son diferentes entre sí, sino que no todos aseguran imparcialidad para hacer las nominaciones de acuerdo con la idoneidad de los perfiles. Asimismo, el hecho de destituir arbitrariamente a todas las personas juzgadoras del país en los años 2025 y 2027 generará un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el sistema de justicia que perjudicará a todas las personas usuarias.

Asimismo, el hecho de destituir arbitrariamente a todas las personas juzgadoras del país en los años 2025 y 2027 generará un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el sistema de justicia que perjudicará a todas las personas usuarias. Es importante señalar que la reforma genera un mayor impacto en las mujeres con relación a los hombres.

4. Impacto en los derechos de las personas y la democracia

Al debilitar la independencia judicial, es decir, la imparcialidad para que la justicia sea pareja, se compromete la protección de derechos fundamentales de las personas.

Bajo el argumento de una supuesta “democratización” de la justicia, y aprobada con mayorías artificiales en procesos legislativos irregulares, la reforma plantea riesgos que harían a la justicia más lenta y menos eficiente.

La reforma no soluciona los múltiples obstáculos a la justicia y viola múltiples estándares internacionales en materia de independencia judicial. La independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, sino el derecho de todas las personas de contar con un juez imparcial e independiente, que no sea influenciado por presiones externas. Sin independencia judicial no hay justicia, y sin justicia no hay democracia.

5. Tribunal de Disciplina Judicial

La creación de un tribunal con facultades para sancionar a las personas juzgadoras de manera arbitraria podría usarse para presionar y controlar a las y los jueces de todo el país.

Reforma judicial, controvertida desde su nacimiento

La controvertida reforma al Poder Judicial en México, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, fue aprobada en septiembre pasado, donde se define que a partir del próximo año, los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en unas elecciones.

El proyecto de ley incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.

También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.

Dado dicho contexto, las organizaciones pidieron a la CIDH solicitar al Estado un informe sobre la reforma al Poder Judicial y formule recomendaciones para que se adopten medidas progresivas, e instale un Mecanismo Especial de Seguimiento.

Le ofrezca al Estado su asesoramiento y asistencia técnica a través de su Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

Se pronuncie públicamente sobre la reforma; de considerarlo oportuno, lo haga, de forma conjunta, con la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU.

Incluya en su próximo informe anual a la Asamblea General de la OEA un apartado especial sobre la reforma al Poder Judicial en México.

Además, en lo que califican una ruptura grave del orden democrático y constitucional, inste al Secretario General de la OEA a activar, de inmediato, los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, entre otras peticiones.

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