Personas que acosen a funcionarios de ICE podrían enfrentarse a una condena en prisión
Algunos partidarios de la iniciativa, alegan que protegerá a los funcionarios de inmigración contra amenazas y actos en su contra
Buscan sancionar legalmente a aquellos que quieran interferir con las labores de ICE. Crédito: Erin Hooley | AP
La senadora estadounidense Ashley Moody, representante republicana por Florida, presentó un proyecto de ley denominado Ley Halo, cuyo objetivo es prohibir que personas se acerquen demasiado o acosen a agentes federales de inmigración durante el cumplimiento de sus funciones. La propuesta busca reforzar la seguridad operativa ante el aumento de agresiones recientes.
Según adelantó Fox News, la legislación convertiría en delito que individuos con órdenes de alejamiento se aproximen a menos de 25 pies de un agente federal o interfieran en sus responsabilidades, incluyendo cualquier forma de amenaza física. De aprobarse, la medida ampliaría los recursos legales disponibles para proteger a estos funcionarios.
El informe detalla que los infractores enfrentarían penas de hasta cinco años de prisión, además de multas determinadas por los tribunales. La Ley Halo establecería sanciones más severas frente a actos de hostigamiento o intimidación contra agentes de inmigración, una demanda creciente dentro de círculos conservadores.
Moody señaló a Fox News Digital que su apoyo surge de su experiencia personal y profesional. “Como esposa de un agente de la ley, exfiscal general y ahora senadora de los Estados Unidos, siempre he defendido a quienes sirven desinteresadamente a nuestra nación“, afirmó la legisladora. La senadora añadió que los ataques recientes deben ser frenados de inmediato.
“Me horrorizan las noticias sobre personas que acosan y atacan a agentes federales mientras simplemente intentan hacer su trabajo, y esto debe terminar“, expresó Moody en sus declaraciones. Su postura coincide con el mensaje republicano de fortalecer la seguridad interna y ampliar las facultades de protección institucional.
Partidarios de la iniciativa aseguran que la Ley Halo protegería a los agentes de inmigración ante un repunte de amenazas de muerte, acoso, doxing y hasta recompensas ilegales por información personal, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, críticos temen que la medida limite la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Durante los últimos meses se han registrado manifestaciones frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en respuesta a la campaña de deportación masiva del gobierno federal. Estos actos han generado enfrentamientos y tensiones que alimentan el debate sobre seguridad y derechos civiles.
El ICE y la Patrulla Fronteriza han sido objeto de críticas por presunto uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos durante operativos de deportación. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la expansión de los centros de detención y las tácticas agresivas incrementan riesgos para familias vulnerables y exacerban condiciones consideradas inhumanas.
En paralelo, el gobierno de Donald Trump presentó demandas contra California por dos leyes estatales que exigen identificación visible a agentes sin uniforme y limitan ciertos equipos tácticos. El Departamento de Justicia asegura que estas normas violan la Cláusula de Supremacía al interferir con la aplicación federal.
El DHS reportó que, desde el 20 de enero, se han registrado 99 ataques con vehículos contra fuerzas federales, más del doble que el año anterior. La CBP contabilizó 71 incidentes, mientras el ICE sufrió 28 ataques, un aumento del 1300 % respecto a 2024, cifras que elevan las alarmas del gobierno.
