Kristi Noem dio la orden final para deportar a venezolanos a El Salvador, pese a la oposición de un juez
El gobierno norteamericano mantiene que la Ley de Enemigos Extranjeros se usó correctamente para deportar a venezolanos
Las expulsiones de inmigrantes hacia El Salvador se ejecutaron hace 255 días. Crédito: Kevin Dietsch | Getty Images
El Departamento de Justicia reveló que fue la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien decidió permitir la expulsión de decenas de venezolanos hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que exigía detener el operativo. La revelación surgió en un documento presentado este martes.
Según el informe, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el exfuncionario del Departamento de Justicia, Emil Bove, comunicaron a Joseph Mazzara, abogado general interino del DHS, la orden del juez federal James Boasberg emitida el 15 de marzo. También le entregaron la resolución escrita que ordenaba suspender las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los abogados del gobierno explicaron que ofrecieron asesoría legal a Mazzara, quien posteriormente trasladó esas recomendaciones, junto con su propio criterio, a la secretaria Noem. Sin embargo, pese a las advertencias, ella optó por permitir que los aviones que ya habían despegado continuaran su ruta hasta El Salvador, sin ordenar su retorno.
El documento del DOJ detalla que, tras recibir el consejo legal, Noem dispuso que los detenidos expulsados antes de la orden del tribunal permanecieran bajo custodia salvadoreña. Argumenta que la instrucción escrita del juez no obligaba explícitamente a traer de vuelta a quienes ya hubieran sido expulsados.
Decisión bajo escrutinio e investigaciones en curso
El Departamento de Justicia sostiene que la orden oral emitida inicialmente no tenía fuerza vinculante una vez publicada la resolución escrita. No obstante, el juez Boasberg había ordenado detener todas las expulsiones y, de ser necesario, regresar los aviones que ya estaban en vuelo, lo cual no ocurrió en ningún caso.
A pesar de la prohibición judicial, tres aviones continuaron su trayecto hacia El Salvador con decenas de migrantes venezolanos. Esta acción llevó al juez a considerar la posibilidad de abrir una investigación por desacato contra los funcionarios responsables durante la administración Trump.
La semana pasada, Boasberg anunció su intención de reactivar procedimientos por desacato penal. El Departamento de Justicia presentó el documento actual para entregar la información que el juez reclamaba desde hace meses, después de que una corte de apelaciones negara restablecer la orden original, aunque sí autorizó continuar investigando los hechos.
Han transcurrido 255 días desde las expulsiones cuando finalmente se divulgó quién tomó la decisión final. El informe insiste en que la orientación legal proporcionada a Noem no violó la orden judicial y, según la administración Trump, tampoco constituye desacato.
El gobierno sostiene que la Ley de Enemigos Extranjeros fue utilizada correctamente para deportar a los venezolanos, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes y varias cortes aseguran que no se respetó el debido proceso. Esto motivó la intervención del juez Boasberg, quien ordenó suspender las expulsiones y regresar los vuelos que ya habían partido.
El Departamento de Justicia insiste en que no hubo violación deliberada de la orden, alegando diferencias entre lo expresado por el juez oralmente y lo escrito posteriormente. La ACLU, por su parte, exige que varios funcionarios testifiquen sobre la decisión, incluido el exabogado Erez Reuveni. El gobierno argumenta que no es necesario realizar audiencias en vivo por el momento.
