Familias de víctimas de ataque mortal de EE.UU. en el Caribe demandan al gobierno de Trump
Chad Joseph, de 26 años y Rishi Samaroo, de 41, murieron en un ataque perpetrado por EE.UU., supuestamente contra narcotraficantes
Washington no ha presentado hasta ahora evidencia pública que respalde la supuesta relación de las víctimas con el narcotráfico. Crédito: Southcom | Cortesía
Familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago acusan a Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales tras un ataque contra una embarcación sin pruebas de narcotráfico.
La acción legal fue interpuesta este martes en una corte federal de Massachusetts por la madre de Chad Joseph, de 26 años, y la hermana de Rishi Samaroo, de 41. Ambos fallecieron el 14 de octubre del año pasado cuando una embarcación en la que viajaban fue atacada por fuerzas estadounidenses, bajo la presunción de que estaba vinculada al narcotráfico.
De acuerdo con la demanda, Joseph y Samaroo trabajaban en actividades de pesca y agricultura en Venezuela y regresaban a Trinidad y Tobago cuando el barco fue embestido. Sus familiares aseguran que ninguno tenía vínculos con cárteles de la droga.
Este caso representa la primera demanda legal contra el gobierno de Estados Unidos relacionada con los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado al menos 125 personas muertas desde septiembre.
Tras el ataque, el presidente Trump afirmó que “seis narcoterroristas” habían sido abatidos durante una operación con misiles contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. Sin embargo, Washington no ha presentado hasta ahora evidencia pública que respalde la supuesta relación de las víctimas con el narcotráfico.
“La muerte ilegal de personas en el mar por parte de Estados Unidos constituye ejecuciones extrajudiciales”, señala la denuncia, que califica los hechos como asesinatos “premeditados e intencionales” sin justificación legal.
El documento sostiene que las órdenes provinieron de los más altos niveles del gobierno y fueron ejecutadas por mandos militares, lo que, según los demandantes, configura graves violaciones al derecho internacional.
La demanda fue presentada bajo la Ley de Muertes en Alta Mar (High Seas Act) y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en tribunales estadounidenses por muertes injustas y violaciones de derechos humanos.
Las familias son representadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos Constitucionales (CCR), y solicitan una indemnización cuyo monto será determinado durante el juicio.
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