Corte Suprema abierta a petición de Trump de frenar asilos en frontera con México
Durante más de una hora de argumentos orales, el debate jurídico se redujo a una cuestión semántica, ¿qué significa exactamente "llegar" a Estados Unidos?
El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, que suelen formar parte de la mayoría, sugirieron que "llegar a" Estados Unidos significa que la persona ha cruzado completamente la frontera, tal como defiende la administración Trump. Crédito: Jeffrey T. Barnes/ Archivo | AP
En una audiencia que marca el pulso de la política migratoria del país, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró inclinada a respaldar la autoridad del Gobierno del presidente Donald Trump para rechazar a solicitantes de asilo en los puertos de entrada antes de que pisen suelo estadounidense.
La disputa legal se centra en la reactivación de la política de “medición” (metering), una táctica que permite a los agentes fronterizos detener el flujo de migrantes en la línea divisoria y postergar indefinidamente el procesamiento de sus solicitudes alegando falta de capacidad operativa.
Aunque la medida fue utilizada inicialmente en 2016 bajo la administración de Barack Obama, fue el primer mandato de Trump el que la formalizó, antes de ser derogada por Joe Biden en 2021.
Durante más de una hora de argumentos orales, el debate jurídico se redujo a una cuestión semántica con implicaciones humanas profundas: ¿qué significa exactamente “llegar” a Estados Unidos?
El dilema jurídico sobre el límite fronterizo
La ley federal establece que cualquier no ciudadano que “llega a Estados Unidos” tiene derecho a ser inspeccionado por un oficial de inmigración para solicitar protección si teme persecución. Sin embargo, el Departamento de Justicia, representado por el abogado Vivek Suri, sostuvo una postura tajante: “No se puede entrar a Estados Unidos estando todavía en México. Ese debería ser el final de este caso”.
El presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett plantearon dudas sobre si una persona puede considerarse dentro del país simplemente por presentarse en un puerto de entrada. Ambos sugirieron que “llegar” implica haber cruzado la frontera de forma completa, respaldando en parte la postura del gobierno.
La discusión incluyó escenarios hipotéticos: desde migrantes formados en filas hasta quienes esperan del lado mexicano o intentan cruzar el río fronterizo. Las preguntas reflejaron la dificultad de establecer una línea clara entre estar “en la frontera” y estar “dentro” del país.
En contraste, la jueza liberal Sonia Sotomayor comparó la situación con un pasajero que aterriza en un aeropuerto: aunque no haya pasado el control de aduanas, ya ha llegado y está “llamando a la puerta”. Sotomayor fue incisiva al señalar que la política permite el paso a trabajadores y viajeros, pero cierra la puerta exclusivamente a quienes buscan refugio, evocando la tragedia del barco MS St. Louis en 1939, cuando EE.UU. rechazó a casi mil refugiados judíos.
Un limbo humanitario en la frontera
La organización Al Otro Lado, que inició esta batalla legal en 2017, argumenta que detener a los migrantes en el lado mexicano crea una “zona gris” que los expone a la violencia y precariedad. Según documentos presentados, el cuello de botella generado por esta política ha obligado a miles a vivir en campamentos improvisados sin acceso a servicios básicos, empujando a muchos a intentar cruces peligrosos por el Río Grande o el desierto.
La administración Trump, que busca reinstaurar esta herramienta en medio de una reorganización del Departamento de Seguridad Nacional tras la reciente salida de Kristi Noem, sostiene que es un mecanismo fundamental para gestionar crisis en la frontera.
Se espera que el máximo tribunal emita su fallo definitivo a finales de junio o principios de julio. De fallar a favor de la Casa Blanca, se consolidaría otra victoria judicial para la agenda restrictiva de Trump, que ya ha recibido el visto bueno del Supremo para acelerar deportaciones y revocar estatus de protección temporal en meses recientes.
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