Demócrata busca frenar que el Centro Kennedy lleve el nombre de Trump
La disputa legal apunta a proteger el legado del recinto y frenar cambios impulsados por la junta directiva
La representante Joyce Beatty asegura que John F. Kennedy es el único que da nombre al centro. Crédito: Rahmat Gul | AP
La disputa por el nombre del Centro Kennedy escaló a los tribunales. La congresista Joyce Beatty pidió a un juez federal impedir que el nombre de Donald Trump sea incorporado al edificio y a la marca del histórico recinto cultural de Washington. En su argumento, sostiene que el Congreso fue claro desde el origen: el centro debe honrar exclusivamente a John F. Kennedy.
En la moción presentada esta semana, la legisladora —quien forma parte del consejo del centro— acusa a la junta de apartarse del propósito fundacional. Sus abogados señalan que no hay margen para reinterpretaciones: la ley que dio vida al recinto establece que el edificio debe designarse como Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Para Beatty, cualquier intento de añadir otro nombre no solo es improcedente, sino una violación directa del deber fiduciario de quienes administran la institución.
La demanda no es nueva. Desde diciembre, la congresista emprendió acciones legales contra Trump y miembros de la junta, a quienes acusa de intentar “cambiar el nombre, cerrar y desmantelar” el centro. La polémica se intensificó cuando el órgano directivo —integrado por personas elegidas por el propio Trump— votó a favor de modificar la denominación e incluso actualizó parte de la señalización del inmueble.
Lo que dice la ley y lo que viene
El equipo legal de la congresista insiste en que el marco legal es específico: no se pueden añadir nombres conmemorativos en áreas públicas, salvo en excepciones muy acotadas que no aplican en este caso. Bajo esa lectura, incorporar el nombre de Trump, incluso junto al de Kennedy, sería ilegal.
Además, Beatty busca frenar otro frente: el plan para cerrar el recinto durante dos años con el objetivo de reconstruirlo por completo. Aunque un juez ya le permitió participar en reuniones clave de la junta, no le concedió voto en decisiones como ese eventual cierre.
El caso ahora queda en manos de la justicia federal, que deberá definir si la identidad de uno de los centros culturales más importantes del país puede modificarse o si, como argumenta la legisladora, su nombre es parte de un mandato legal que no admite cambios.
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