Defensa de Trump pide desestimar juicio por fraude en NY y lo califica como “ilegal e infundado”
La acción legal tiene su origen en una demanda de 2022 en la que la fiscalía acusó a Trump de inflar el valor de sus activos para obtener beneficios financieros
Actualmente, Trump enfrenta una inhabilitación de tres años para ocupar cargos directivos en cualquier firma de Nueva York, mientras que sus hijos enfrentan una prohibición similar por dos años. Crédito: John Locher/ Archivo | AP
El presidente Donald Trump apeló formalmente el fallo judicial que lo responsabiliza de fraude en su empresa y pidió revocar los límites a los negocios que les fueron impuestos a él y a sus hijos en Nueva York al perder un sonado proceso civil en dicha ciudad en 2024.
Defensa de Trump solicitó al máximo tribunal del estado de Nueva York que anule lo que resta del caso civil por fraude en su contra, argumentando que se trata de un proceso “legal y fácticamente infundado” y con motivaciones políticas.
En un escrito de más de 100 páginas presentado ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, la defensa del mandatario pidió revocar tanto la determinación de responsabilidad como las sanciones aún vigentes contra él y su empresa familiar, la Organización Trump. Según sus abogados, el caso impulsado por la fiscal general Letitia James representa un uso “sin precedentes” de las leyes estatales.
La acción legal tiene su origen en una demanda presentada en 2022, en la que la fiscalía acusó a Trump de inflar el valor de sus activos para obtener beneficios financieros, incluyendo condiciones favorables en préstamos y seguros.
Fallo dividido mantiene responsabilidad, pero reduce sanciones
El caso derivó en un fallo en primera instancia encabezado por el juez Arthur Engoron, quien determinó que Trump y sus asociados incurrieron en fraude durante varios años. Como parte de la sentencia, se impuso una multa que superaba los 450 millones de dólares, cifra que con intereses alcanzó más de 500 millones.
Sin embargo, un tribunal de apelaciones de nivel intermedio posteriormente anuló la sanción económica al considerarla excesiva, aunque mantuvo intacta la conclusión de responsabilidad y otras medidas restrictivas.
Entre ellas, se incluyó la inhabilitación temporal de Trump y de sus hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump, para ejercer cargos directivos en empresas dentro de Nueva York, así como limitaciones para acceder a financiamiento en instituciones financieras del estado.
A pesar de que el fallo redujo significativamente el impacto económico, la defensa del mandatario sostiene que la permanencia de estas restricciones carece de fundamento legal y podría afectar tanto sus operaciones empresariales como el entorno de negocios en Nueva York.
Defensa insiste en motivaciones políticas y cuestiona pruebas
En su apelación, los abogados de Trump argumentan que la fiscal James utilizó de manera indebida una ley diseñada para combatir “fraudes persistentes”, y sostienen que su aplicación en este caso constituye una acción selectiva con fines políticos.
También cuestionan el peso de algunos testimonios presentados durante el juicio, incluyendo el del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, quien fue una figura clave para la fiscalía. La defensa asegura que declaraciones recientes de Cohen apuntan a que fue presionado para ofrecer testimonios que respaldaran el caso.
Asimismo, subrayan que ninguna de las instituciones financieras involucradas presentó quejas formales por haber sido perjudicadas, lo que, a su juicio, debilita los argumentos centrales de la acusación.
Por su parte, la oficina de la fiscal general no ha emitido comentarios recientes sobre esta nueva apelación, aunque se espera que presente su respuesta formal ante el tribunal en las próximas semanas.
El caso forma parte de una serie de desafíos legales que han rodeado a Trump en los últimos años, tanto en el ámbito civil como penal, y que continúan teniendo repercusiones políticas y económicas.
Mientras el proceso avanza en los tribunales, la resolución final podría tener implicaciones relevantes no solo para el futuro empresarial del mandatario, sino también para el alcance de las facultades legales de las fiscalías estatales en casos de fraude corporativo.
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