Departamento de Justicia acusa a gobierno de Biden de usar la Ley FACE contra activistas antiaborto
El informe sostiene que el Departamento de Justicia aplicó la ley de forma selectiva, mientras exfuncionarios acusan un informe parcial
La Ley FACE fue aprobada en 1994 para proteger el acceso a clínicas de salud reproductiva. Crédito: Rogelio V. Solis | AP
El Departamento de Justicia publicó este martes un extenso informe en el que acusa a la Administración del expresidente Joe Biden aplicó de manera desigual la Ley FACE para perseguir a activistas antiaborto, en lo que califica como una “instrumentalización” del sistema judicial.
El documento, elaborado por el denominado Grupo de Trabajo sobre la “instrumentalización” del Departamento de Justicia, se basa en la revisión de más de 700,000 registros internos y constituye el primero de varios informes previstos sobre actuaciones del gobierno anterior.
Según informó CBS News, el informe sostiene que el Departamento de Justicia “violó los derechos de los estadounidenses” al aplicar la ley de forma selectiva, favoreciendo a quienes defendían el derecho al aborto frente a los grupos provida.
El informe cuestiona la aplicación de la Ley FACE, aprobada en 1994 para proteger el acceso a clínicas de salud reproductiva, y asegura que fue utilizada para procesar principalmente a activistas antiaborto.
De acuerdo con el documento, el Departamento de Justicia de la era Biden “utilizó la Ley FACE como arma de diversas maneras”, incluyendo vigilancia prolongada de activistas provida y colaboración con organizaciones proaborto.
Bajo ese contexto, el fiscal general interino Todd Blanche afirmó que “ningún Departamento debería llevar a cabo un enjuiciamiento selectivo basado en creencias” y añadió que “la instrumentalización de la justicia que se produjo durante la administración Biden no volverá a ocurrir”.
El informe también señala que los fiscales solicitaron penas más severas contra activistas antiaborto. Según datos citados por CBS News, pedían “una pena media de 26.8 meses para los acusados provida, en comparación con 12.3 meses para los acusados proelección”.
Entre las acusaciones más graves, el documento sostiene que fiscales federales incurrieron en conductas indebidas durante los procesos judiciales.
El texto asegura que algunos fiscales “ocultaron deliberadamente pruebas”, intentaron excluir jurados “por motivos religiosos” y autorizaron tácticas de arresto agresivas.
Asimismo, denuncia que existió colaboración estrecha con grupos como Planned Parenthood y la Federación Nacional del Aborto, que habrían proporcionado información para impulsar investigaciones.
Según CBS News, el informe también acusa al FBI y al Departamento de Justicia de “colaborar con grupos a favor del derecho al aborto para obtener información en tiempo real sobre las protestas”.
Sin embargo, exfuncionarios del Departamento de Justicia han cuestionado las conclusiones del documento, entre las voces está Stacey Young, exabogada de la División de Derechos Civiles, quien defendió que la Ley FACE “garantiza el acceso seguro a los servicios de salud reproductiva” y calificó los despidos como una medida que “politiza las acciones del departamento”.
Por su parte, la exfiscal Laura-Kate Bernstein afirmó que “este informe no se corresponde con la realidad” y subrayó que los casos procesados involucraban a personas que “bloquearon físicamente clínicas”, no a manifestantes pacíficos.
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