DHS impone nuevas tarifas de asilo y advierte consecuencias severas ante incumplimiento
No pagar la cuota anual podría cancelar solicitudes y activar procesos de deportación
La medida fue implementada a través del USCIS, que ya había publicado en julio de 2025 un aviso en el Registro Federal. Crédito: Bebeto Matthews | AP
La administración Trump anunció nuevas medidas que impactarán directamente a quienes solicitan asilo, en un movimiento que endurece las condiciones del sistema migratorio.
De acuerdo con información oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se emitió una regla provisional para aplicar cambios derivados de la ley H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act. Entre las modificaciones más relevantes destaca la introducción de nuevas tarifas y requisitos para los solicitantes de asilo.
La medida fue implementada a través del USCIS, que ya había publicado en julio de 2025 un aviso en el Registro Federal sobre el cobro de una tarifa para el formulario I-589, utilizado para solicitar asilo o suspensión de deportación. A esto se suma ahora una “cuota anual de asilo” (AAF), que deberá pagarse cada año mientras la solicitud esté pendiente.
El nuevo esquema establece consecuencias severas para quienes no cumplan con este pago. Si el solicitante no cubre la cuota dentro de los 30 días posteriores a la notificación, su caso podría ser rechazado. Además, si la persona no cuenta con estatus legal en el país, se iniciaría un proceso de deportación.
Las implicaciones no terminan ahí. En caso de rechazo, también se cancelará cualquier solicitud de permiso de trabajo asociada al proceso de asilo, y quienes ya contaban con autorización laboral la perderán de forma inmediata.
El DHS argumenta que estas medidas buscan aumentar el financiamiento de las operaciones de control migratorio y asegurar que los solicitantes cubran los costos de los servicios. Sin embargo, este tipo de políticas podría limitar el acceso al asilo, especialmente para personas en situación vulnerable.
Además de la nueva cuota, la regla incluye otros cambios relevantes: el gobierno conservará las tarifas pagadas incluso si una solicitud es rechazada por errores, y se limitará el periodo de autorización de trabajo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) a un máximo de un año o al tiempo restante del programa.
La normativa entrará en vigor el 29 de mayo de 2026, y las autoridades recibirán comentarios públicos hasta el 29 de junio. A partir de esa fecha, cualquier solicitud que no cumpla con los nuevos requisitos será automáticamente rechazada.
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