ACLU demanda Ley SB4 de Texas y busca frenar polémico plan de deportaciones

Ley permitiría a autoridades estatales y locales arrestar, detener y expulsar a personas sospechosas de haber ingresado al país sin autorización federal

Los demandantes argumentan que la legislación podría derivar en perfiles raciales y separación de familias.

Los demandantes argumentan que la legislación podría derivar en perfiles raciales y separación de familias. Crédito: Kevin McGill | AP

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto con la ACLU de Texas y el Texas Civil Rights Project, presentó una nueva demanda colectiva para bloquear partes clave de la controvertida ley migratoria SB4, una de las más restrictivas aprobadas en un estado en años recientes.

El equipo legal busca una orden de restricción temporal y una medida cautelar que impida que varios apartados de la legislación entren en vigor el próximo 15 de mayo. La norma, aprobada en 2023, permitiría a autoridades estatales y locales arrestar, detener y expulsar a personas sospechosas de haber ingresado al país sin autorización federal.

Según la demanda, la ley crea nuevas figuras penales y otorga facultades amplias a jueces locales en materia migratoria. Entre los puntos más cuestionados destacan el delito de “reingreso”, que podría aplicarse incluso a personas con estatus legal, y la capacidad de magistrados para emitir órdenes de deportación sin especialización en leyes migratorias.

SB4 transformaría a nuestra policía y jueces en agentes de inmigración, amenazando a vecinos que tienen familias aquí, que han vivido aquí durante años, incluso a aquellos con estatus legal”, afirmó Adriana Piñon, directora legal de la ACLU de Texas. Añadió que “la aplicación de leyes migratorias es exclusivamente competencia del gobierno federal”.

Los demandantes argumentan que la legislación podría derivar en perfiles raciales y separación de familias, afectando de manera desproporcionada a comunidades latinas y afroamericanas. Además, buscan representar a miles de personas potencialmente expuestas a sanciones bajo esta normativa, incluyendo residentes permanentes legales y beneficiarios de visas humanitarias.

Por su parte, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló: “Cada tribunal que ha analizado leyes como SB4 ha determinado que son inconstitucionales. Es cruel e ilegal, y seguiremos luchando hasta que sea anulada permanentemente”.

La nueva acción legal surge después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito anulara una suspensión previa por cuestiones procesales, sin pronunciarse sobre el fondo constitucional del caso. En decisiones anteriores, tribunales habían considerado que este tipo de leyes invade competencias federales, particularmente bajo la llamada Cláusula de Supremacía, que establece la primacía de la ley federal sobre la estatal.

“Esta ley no solo es inconstitucional, sino que utiliza recursos de Texas para dañar a nuestras comunidades”, afirmó Kate Gibson Kumar, quien subrayó que la batalla legal continuará.

El caso reabre el debate sobre los límites del poder estatal en materia migratoria en Estados Unidos, un ámbito históricamente reservado al gobierno federal. Mientras tanto, organizaciones civiles advierten que, de entrar en vigor, la SB4 podría cambiar radicalmente la aplicación de la ley migratoria en Texas.

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Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
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