ACLU presenta una demanda contra el plan estatal de deportación de la Proposición 314 de Arizona

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Arizona presentaron una demanda federal en nombre del Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, impugnando la Sección 5 de la Proposición 314.

Esta disposición, previamente aplazada, usurparía inconstitucionalmente la potestad federal de control migratorio al convertir en delito estatal la entrada o permanencia de algunos inmigrantes en Arizona.

Tribunales de todo el país han reafirmado reiteradamente que el control migratorio es una potestad exclusiva del gobierno federal, no de los estados.

La Sección 5 había estado suspendida debido a litigios contra leyes similares en otros estados, pero ahora está a punto de entrar en vigor. Los grupos solicitan al tribunal que bloquee de inmediato la disposición, alegando una violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que establece claramente que la inmigración es una responsabilidad federal.

“La Sección 5 de la Proposición 314 autoriza a las fuerzas del orden locales y estatales a cometer actos flagrantemente inconstitucionales, como la discriminación racial, los arrestos ilegales y las detenciones ilícitas”, declaró Tara DeGeorge, directora legal de la ACLU de Arizona.

“Desestabilizará los tribunales de Arizona, sobrecargará un sistema penitenciario estatal ya saturado y dará lugar a numerosas violaciones del debido proceso. Las comunidades de Arizona no deberían pagar las consecuencias de este experimento inconstitucional”, agregó.

Los grupos solicitan una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para prevenir el daño que la Sección 5 causaría a las comunidades inmigrantes, latinas y de color en todo el estado.

“La Sección 5 de la Proposición 314 crea un sistema de detención y deportación completamente separado y paralelo”, declaró Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence.

“Si entra en vigor, innumerables miembros de nuestras comunidades, incluyendo jóvenes vulnerables y personas con problemas de salud mental, podrían terminar encarcelados en todo Arizona por cargos estatales de inmigración, aislados intencionalmente de asistencia legal especializada y potencialmente deportados sin tener jamás un juicio justo”.

“La regulación de la inmigración a Estados Unidos es una facultad exclusivamente federal que no puede ser usurpada por Arizona ni por ningún otro estado. La Corte Suprema reafirmó este principio fundamental en respuesta a una ley inconstitucional de Arizona hace 14 años”, afirmó Kate Huddleston, abogada principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

“La Sección 5 de la Proposición 314 es igualmente ilegal e inhumana, por lo que estamos presentando una demanda para bloquearla”, añadió.

La Proposición 314 fue aprobada por la Legislatura de Arizona en 2024 y ratificada por los votantes ese mismo año, pero la Sección 5 permaneció inactiva mientras una ley antiinmigrante similar en Texas, el Proyecto de Ley del Senado 4, era bloqueada en los tribunales.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la orden judicial de un tribunal inferior contra el Proyecto de Ley del Senado 4 únicamente por motivos procesales el 15 de mayo. La Sección 5 de la Proposición 314 entra en vigor después de que una ley estatal comparable haya estado vigente durante 60 días.

Sin intervención judicial, las agencias policiales locales y estatales pueden comenzar a hacer cumplir la Sección 5 a partir del 14 de julio.

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