DOJ acusa a jueces de Minnesota de mala conducta por hablar con The New York Times
La contundente acción legal busca inhabilitar a los magistrados de seguir resolviendo cualquier pleito relacionado con el Departamento de Seguridad Nacional
"Su conducta ha socavado por completo la confianza del pueblo estadounidense en un poder judicial imparcial", aseveró el fiscal general Todd Blanche. Crédito: Jacquelyn Martin | AP
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una denuncia por mala conducta judicial contra siete jueces federales de Minnesota, luego de que la mayoría concediera entrevistas a The New York Times sobre la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump y el manejo de los casos relacionados con ella.
La denuncia, anunciada este miércoles por el fiscal general Todd Blanche, señala al juez Patrick J. Schiltz, al juez John R. Tunheim y a otros magistrados identificados de manera anónima. El gobierno sostiene que sus declaraciones violaron las normas éticas que limitan los comentarios públicos de los jueces sobre asuntos pendientes ante los tribunales.
“Tenemos derecho, al igual que cualquier litigante en un tribunal, a tener un juez justo e imparcial”, dijo Blanche. “No nos queda más remedio que actuar”.
El DOJ cuestiona entrevistas sobre casos migratorios
La acción se basa principalmente en un artículo publicado por The New York Times el 17 de septiembre, en el que Schiltz habló durante 90 minutos sobre lo que consideró reiteradas violaciones de órdenes judiciales por parte de la administración Trump. El artículo señaló que seis de los siete jueces federales que ejercían en Minnesota durante el invierno habían aceptado hablar con el periódico sobre la situación provocada por la Operación Metro Surge, el operativo migratorio lanzado por el gobierno federal.
El DOJ acusó a Schiltz y Tunheim de realizar comentarios “inapropiados y poco éticos” y sostuvo que sus declaraciones fueron especialmente problemáticas porque involucraban asuntos pendientes ante ellos o tribunales de apelación. “Los jueces tienen prohibido éticamente comentar públicamente sobre casos pendientes en cualquier tribunal y hacer declaraciones políticas o de política pública sobre asuntos que están o han estado ante ellos”, afirmó el Departamento de Justicia.
Piden que los magistrados se aparten de casos del DHS
La fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito que investigue la conducta de los jueces y que Schiltz, Tunheim y los demás magistrados señalados se recusen de asuntos relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El gobierno argumentó que las declaraciones pueden generar dudas razonables sobre su imparcialidad en casos de inmigración. El fiscal general adjunto interino Trent McCotter acusó a los jueces de utilizar sus cargos para “congraciarse con la prensa en materia de políticas migratorias”.
La ofensiva ocurre en medio de una confrontación creciente entre la administración Trump y jueces federales por decisiones relacionadas con inmigración.
Juez defiende sus declaraciones y cita reglas éticas
Schiltz rechazó las acusaciones y sostuvo que actuó conforme a las reglas aplicables a los jueces federales. “Como han confirmado expertos en ética jurídica, actué dentro del marco ético aplicable a los jueces federales al hablar con el New York Times”, declaró.
El juez citó además una opinión consultiva de la Conferencia Judicial, según la cual los magistrados pueden abordar cuestiones relacionadas con la independencia judicial y el estado de derecho.
La Conferencia Judicial indicó en febrero que los principios éticos permiten a los jueces hablar sobre la independencia del poder judicial y defender el estado de derecho en términos generales. Las tensiones en Minnesota aumentaron después de que Trump desplegara más de 3,000 agentes federales como parte de Metro Surge. En enero murieron Renee Good y Alex Pretti durante enfrentamientos relacionados con las operaciones migratorias, mientras los tribunales recibían numerosas demandas de migrantes detenidos.
Schiltz llegó a identificar 96 órdenes judiciales en 74 casos que, según afirmó, ICE había incumplido. En una de sus resoluciones escribió: “El ICE no actúa por encima de la ley”. La denuncia del DOJ representa otro episodio de la disputa entre la administración Trump y el poder judicial federal sobre los límites de las políticas migratorias y la independencia de los jueces.
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