Reforma de sistema de fianzas obtiene respaldo de Jerrry Brown, pero se aplaza hasta 2018
Anteriormente, el gobernador únicamente había expresado preocupación ante sus costos potenciales
El gobernador de California, Jerry Brown. Crédito: J. Emilio Flores | La Opinión
Partidarios de la reforma del sistema de fianzas en el estado de California lograron conseguir el apoyo del Gobernador Jerry Brown y la Jefa de Justicia Tani Cantil-Sakauye el viernes. La reforma, sin embargo, no se pondrá a votación hasta 2018.
El Senado del estado aprobó la medida SB 10 a principios de este año, la cual eliminaría las cuotas que los jueces utilizan para poner en libertad a las personas mientras sus casos siguen pendientes. En lugar de esto, los condados tendrían que establecer agencias para determinar si los acusados deben ser liberados y bajo qué condiciones.
El apoyo del gobernador y la jefa podría asegurar el éxito de la medida, la cual fue presentada ante ambas ramas de la Legislatura por el Asambleísta Rob Bonta (D-Oakland) y el Senador Bob Hertzberg (D-Los Ángeles), quienes sostienen que el actual sistema de fianzas genera más injustica y criminaliza a la gente pobre.
El tipo de agencias que se buscan establecer por medio de la reforma ya existen en algunos condados de California. Estas utilizan herramientas de evaluación de riesgos para recomendar condiciones de libertad que no incluyen pagar una fianza, como libertad condicional supervisada o vigilancia electrónica.
Hasta el viernes, el gobernador no se había pronunciado al respecto, pero había expresado su preocupación ante el coste potencial de la reforma.
El viernes, el gobernador volvió a mencionar sus preocupaciones fiscales en una declaración conjunta en la que prometió trabajar por cambios “que le den prioridad a la seguridad pública y la rentabilidad”.
Asimismo, la jefa expresó su interés en desarrollar un sistema que no afecte “desproporcionadamente a los californianos de bajos ingresos”, e informó que nombró un equipo dedicado a estudiar las prácticas en las agencias existentes y proporcionar recomendaciones para posibles reformas.
El retraso no sólo da a los partidarios más tiempo para trabajar en la financiación de la medida, sino también significa que tendrán el beneficio de las recomendaciones de un grupo de trabajo. Se espera que el grupo nombrado por Cantil-Sakauye finalice su trabajo antes de que acabe el año.
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