Exgobernador de Tamaulipas comparecerá ante un tribunal en Texas

Tomás Yarrington enfrenta cargos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero
Exgobernador de Tamaulipas comparecerá ante un tribunal en Texas
Tomás Yarrington.
Foto: EFE/Archivo

AUSTIN – El exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, extraditado hoy, comparecerá por primera vez el lunes 23 de abril ante un tribunal de Texas para enfrentarse a diversos delitos de tráfico de drogas, extorsión, fraude y blanqueo de capitales.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Yarrington Ruvalcaba llegó hoy al aeropuerto de Houston (Texas) procedente de Roma (Italia), donde se encontraba detenido desde abril de 2017 cuando trataba de salir del país con una identidad y un pasaporte falsos.

El fiscal del Distrito Sur de Texas, Ryan K. Patrick, informó en un comunicado que Yarrington Ruvalcaba, que se presentó a las primarias del PRI para ser su candidato presidencial en 2006, permanecerá en un centro penitenciario de la ciudad fronteriza de Brownsville hasta el próximo lunes.

El exgobernador de Tamaulipas, estado mexicano en la frontera con Estados Unidos, desempeñó su cargo público desde 1999 a 2005; sin embargo, las investigaciones detallan que ya en 1998 habría recibido “grandes sobornos” por parte de organizaciones narcotraficantes como el Cártel del Golfo.

A cambio del dinero, el mandatario supuestamente permitió que operaran libremente en la zona, lo que incluía “el contrabando de grandes cantidades de droga a los Estados Unidos” para su venta.

Yarrington Ruvalcaba comparecerá el lunes ante el juez Ronald Morgan del distrito sur de Texas, con sede en Brownsville.

En la misma corte, Yarrington Ruvalcaba se enfrenta a la acusación de un delito de tráfico de influencias por haber otorgado la concesión de obras públicas a Fernando Alejandro Cano Martínez, propietario de una firma de construcción mexicana, previo pago de una elevada cantidad de dinero.

Según el escrito de acusación, Yarrington Ruvalcaba y Cano Martínez también están acusados de haber mentido a bancos estadounidenses y de los delitos de fraude y lavado de dinero.

En el escrito, el Gobierno detalla que, a través de varias transferencias realizadas a bancos estadounidenses, Yarrington enviaba dinero a Cano Martínez, quien blanqueaba estos movimientos con la compra a su nombre de activos e inmuebles en diferentes puntos de Texas.

Con la compra de inmuebles y activos a su nombre, Cano Martínez trataba de proteger la identidad del exgobernador mexicano. En cuanto al empresario Cano, también de 61 años, las autoridades desconocen su paradero, por lo que mantienen sobre él una orden de arresto internacional.

Según el escrito de acusación, los acusados transfirieron más de $7 millones de dólares desde bancos de EEUU a las entidades que servían de coartada para sus actividades criminales.

Algunos de los activos identificados ya han sido confiscados en el transcurso de la investigación: una propiedad de 46 acres (186.155 metros cuadrados) en el condado de Bexar (Texas), un apartamento en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y varias residencias en los condados de Hidalgo y Hays, ambos en Texas.

Así pues, Yarrington, de 61 años, se sentará en el banquillo acusado de violar las disposiciones de la Ley contra el Crimen Organizado y Organizaciones Corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, por sus siglas en inglés).

Esta ley, promulgada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos, fue usada para perseguir a la mafia y permite la persecución y sanción civil por actos delictivos derivados del fraude, el tráfico de drogas, conspiración, actos de terrorismo o malversación de fondos, entre otros.

Según refleja el texto legislativo, si alguien comete al menos dos delitos de los 37 registrados por RICO se enfrenta a una condena entre 10 y 30 años de cárcel en una prisión federal.

“Este caso refuerza el impacto que pueden tener múltiples agencias cuando unen sus fuerzas; y envía un mensaje global de que quienes aprovechen sus posiciones políticas para llevar a cabo actividades delictivas serán enjuiciados”, resumió el agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA) Will R. Glaspy.


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