Gabriel Fernández: Trabajadores sociales no serán juzgados por el asesinato del niño de Palmdale
Se espera que un juez exima de acusaciones a los trabajadores sociales que atendieron el caso de abuso y muerte del niño Gabriel Fernández
Se espera que un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles desestime el jueves las acusaciones contra los trabajadores sociales por los delitos de abuso infantil y falsificación de registros relacionados con la muerte de Gabriel Fernández, de 8 años, reporta ABC News.
La acción judicial se ha esperado durante mucho tiempo después de que un panel de apelaciones dictaminó en enero que los trabajadores sociales del Departamento de Servicios a Niños y Familias no deberían enfrentar cargos por no evitar la tortura y el asesinato del niño Palmdale.
Gabriel murió en mayo de 2013 y su madre y su novio fueron luego condenados por torturarlo y asesinarlo. La evidencia en el juicio indicó meses de palizas y torturas.
Las trabajadoras sociales Stefanie Rodriguez, de 35 años y Patricia Clement, de 69, y los supervisores Kevin Bom, de 41, y Gregory Merritt, de 64, fueron acusados de un delito grave de abuso infantil y un delito grave de falsificación de registros públicos. Los fiscales dicen que no tomaron las medidas apropiadas para proteger a Gabriel y luego falsificaron documentos relacionados con su caso.
En enero, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2do.° Distrito emitió una opinión ordenando a un tribunal inferior que desestimara los cargos contra los trabajadores sociales. En una opinión de 2-1, el panel concluyó que no había causa probable para detener a los cuatro acusados de abuso infantil y falsificación de documentos.
En junio de 2018, el juez de la Corte Superior George G. Lomeli condenó a muerte a Isauro Aguirre por el asesinato en primer grado del niño y una acusación en circunstancias especiales de asesinato que involucraba tortura. Pearl Sinthia Fernández fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional después de declararse culpable de asesinato en primer grado y admitir la acusación de tortura.
El juez Lomeli también manejó el caso de los trabajadores sociales y en 2018 negó una moción para desestimar las acusaciones contra ellos, diciendo que la muerte del niño era “previsible”.
La corte de apelaciones envió formalmente el asunto a la corte inferior en abril y se espera que Lomeli retire oficialmente las acusaciones el jueves.
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