Trabajadoras esenciales sin documentos piden que California no los olvide en medio de la pandemia

“Soy trabajadora esencial”, dijo la señora Abigail Sandoval poco después de terminar su turno a las 3:00 de la mañana. “Hace unas semanas resulté positiva en COVID-19 y tuve que dejar de trabajar, pero al menos me recuperé; lamentablemente muchos de mis compañeros ya no pudieron salvarse”.

La señora Sandoval ha limpiado “edificios de gente rica en el centro de San Diego desde hace diez años”, y al enfermar por la pandemia confirmó que como trabajadora esencial latina e indocumentada enfrentaba circunstancias más difíciles que las de muchas otras personas en California.

Dijo creer que “así como nosotros no abandonamos el trabajo para sacar adelante la economía, ahora le toca al gobernador Gavin Newson no dejarnos en el abandono”.

Y es que “una ayuda de una sola vez no es suficiente”, dijo por su parte la señora Rosalba Álvarez.

Mientras que el gobierno federal ayudó con seguro de desempleo y cheques de $600 dólares adicionales semanales a las personas que perdieron su trabajo, la señora Álvarez platicó que la comunidad indocumentada ha sido la más impactada.

“Trabajaba 40 o 50 horas por semana antes de la pandemia, ahora con suerte trabajo 20 por semana, y mientras tanto las deudas crecen”, explicó la señora, quien se benefició con la ayuda que otorgó California a los trabajadores indocumentados afectados, de $500 dólares.

La madre de cuatro hijos agradeció, pero reiteró que la ayuda “de una sola vez no fue suficiente”.

“Nosotros en la comunidad latina somos los más afectados –en San Diego el 61.1 por ciento de los contagios son de latinos–, somos quienes hemos tenido el mayor desempleo, y dentro de la comunidad latina los indocumentados somos todavía los más afectados”, dijo la señora.

Opinó que es una situación injusta porque los trabajadores indocumentados no solo pagan impuestos igual que los demás, sino que son desproporcionalmente miembros de la comunidad de trabajadores esenciales, por los tipos de labores que desempeñan.

Ambas trabajadoras del sector conocido como “de hospitalidad” participaron en una conferencia virtual y están lejos de ser casos aislados de empleados esenciales impactados y que arriesgan más que otros con menos beneficios para ayudar la economía.

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Brigitte Browning, representante sindicalista de unos 6,000 trabajadores del sector, dijo que cerca del 90 por ciento de ese grupo ha perdido su empleo.

“Son trabajadores que, porque viven con justo lo que ganan en cada cheque de pago, no cuentan con un respaldo económico, así que la pandemia a dejado a muchos en riesgo de perder su vivienda cuando termine la moratoria de desalojos, y miles pierden y perderán en plena pandemia los servicios de salud, porque se los daban sus empleos”, advirtió Browning.

Confirmó que las condiciones han sido peores para los trabajadores indocumentados desempleados que no pudieron recibir el apoyo económico federal para enfrentar el desempleo por pandemia de $600 dólares semanales.

Christian Ramírez, un dirigente sindical y social en San Diego, quien convocó a la conferencia, explicó que esta semana hay una movilización en California en apoyo a los trabajadores indocumentados.

Ramírez expresó que han pedido al gobernador Gavin Newsom; a la presidenta del senado, Toni Atkins, y al presidente de la asamblea, Anthony Rendón, para asegurar que haya los fondos necesarios para que se hagan pagos a trabajadores indocumentados para que puedan apoyar a sus familias.

“Es inconcebible, es inmoral, es inhumano que en esta pandemia no hay los recursos necesarios para que los trabajadores esenciales puedan sacar a sus familias adelante”, dijo el representante.

Tanto trabajadores como dirigentes y organizaciones civiles en California formaron una Coalición Frente Unido en demanda de apoyo de California a los trabajadores indocumentados durante la pandemia, especialmente a los trabajadores que son esenciales y no tienen documentos.

Una de las principales demandas al estado desde los sectores en San Diego es que la legislatura y el gobernador aprueben la propuesta de ley AB 826, que ya fue enmendada el martes de esta semana en el senado, después de ser aprobada en la cámara baja.

La propuesta establece que el estado consiga fondos para que el Departamento de Servicios Sociales otorgue beneficios de alimentación a todos los residentes en California impactados por el COVID 19, independientemente de su condición migratoria.

En un comentario adicional, la directora del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes de San Diego, Lilian Serrano, dijo que “es importante recordar que la comunidad indocumentada siempre ha estado ahí cuando la necesitamos, que es parte de nuestra comunidad, que es parte de lo que ha hecho que seamos en San Diego y en California quienes somos’.

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