“Tenemos que llevarnos a los niños”. Revelan presiones para separar a menores inmigrantes
Cinco fiscales generales de la frontera con México -incluidos tres que ha designado Trump- se rebelaron en 2018 contra las política de "tolerancia cero"
El Concejo de Los Ángeles demanda justicia para los padres e hijos separados. (Getty Images) Crédito: John Moore | Getty Images
El que fuera fiscal general del Gobierno de Donald Trump, Jeff Sessions, y altos cargos del Departamento de Justicia presionaron para separar en la frontera a menores inmigrantes de sus familias, tal y como el presidente quería.
Los cinco fiscales estadounidenses de la frontera con México -incluido los tres que Trump designó- se rebelaron en mayo de 2018 contra la orden de enjuiciar a los inmigrantes que habían llegado al país sin autorización, incluso si eso significaba separar a los niños de sus padres. Todos argumentaron que estaban “muy preocupados” por el bienestar de los menores, tal y como publicó The New York Times este martes.
Pero Sessions, que era entonces el fiscal general, dejó claro cuáles eran los planes de Trump, según una investigación de dos años del inspector general del Departamento de Justicia.
“Tenemos que llevarnos a los niños”, dijo Sessions a los fiscales, según las notas de los participantes. Uno de ellos agregó que “si se preocupan por los niños, que no los traigan. No les dará amnistía a las personas con niños”.
Rod J. Rosenstein, entonces el fiscal general adjunto, fue más allá en una segunda llamada en la que dijo que no importaba qué tan pequeños eran los niños y que los abogados del Gobierno no deberían haberse negado a procesar dos casos solo porque los niños eran poco menos que bebés.
Los altos cargos del Departamento de Justicia fueron “una fuerza impulsora” de la política que desató la separación de miles de familias, según la investigación del inspector general del departamento, Michael E. Horowitz.
Trump abandonó, en medio de la indignación internacional, la política que separó a muchas de las familias que huían de la violencia en Centroamérica y buscaban asilo en Estados Unidos. Sin embargo, los problemas continuaron una vez cancelada la medida ya que la Administración no había creado un registro que pudiera facilitar el reencuentro de los menores y sus padres.
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