Inmigrantes que limpiaron edificios después del 9/11 buscan la residencia como recompensa

Los trabajadores inmigrantes que ayudaron a limpiar los edificios afectados tras los ataques del 9/11 han solicitado desde hace 20 años obtener su residencia legal como una compensación a su esfuerzo y los problemas de salud que sufrieron.

Franklin Anchaua se encargó de limpiar gruesas capas de polvo en las oficinas, departamentos y hasta una capilla después de los ataques.

Respirar polvo y otras sustancias tóxicas le provocó acidez estomacal y reflujo ácido que en un principio trató con hierbas que le mandó su madre desde su natal Perú.

Evitó los programas de salud disponibles, ya que temía la deportación por su status de inmigrante ilegal, hasta que las molestias fueron demasiadas.

“Era horrible. Requería tratamiento médico, un especialista. También tuve problemas respiratorios”, señaló Anchaua en una entrevista a ABC News, hasta que finalmente fue atendido en 2011 en el Hospital Bellevue.

Aproximadamente 112 mil personas se inscribieron al programa de salud del World Trade Center, que ofreció atención médica gratuita a quienes lograron acreditar que estuvieron expuestos al polvo de las torres gemelas, sin importar su estatus migratorio.

Contratados de forma informal para limpiar desperdicios, polvo y asbesto durante meses sin una protección adecuada, ahora tienen que lidiar con ansiedad, depresión y desórdenes traumáticos.

Después de 20 años, solo algunos cuantos siguen participando en protestas y atentos a su petición, mientras que el resto ya abandonó la causa.

El ex miembro de la Cámara de Representantes, Joseph Crowley anunció un proyecto de ley en 2017 para establecer una vía rápida para que obtuvieran estatus migratorio legal en los Estados Unidos.

En ese entonces estimó que entre mil y 2 mil inmigrantes accederían a esta vía, sin embargo, el proyecto fue abandonado cuando Crowley fue derrotado por Alexandria Ocasio-Cortez en las elecciones primarias de 2018.

Ocasio-Cortez señaló a la agencia AP que espera reintroducir el proyecto de ley para su discusión en el congreso.

La trabajadora social Rosa Bramble Caballero ha ayudado a estos trabajadores durante 15 años, primero, mediante los programas de asistencia locales y estatales y después como voluntaria desde su sótano en Queens.

“Este se convirtió en un espacio donde pueden sentirse seguros y pueden hablar de sus vidas, sus necesidades, pero principalmente para recibir apoyo y no sentirse solos”, señaló Bramble-Caballero a ABC.

Lucelly Gil, mujer colombiana de 65 años recibió una compensación de un fondo federal asignado a las víctimas después de que le diagnosticaran cáncer de mama, además de recibir tratamiento para rinitis y gastritis.

Durante seis meses, Gil limpió oficinas gubernamentales, bancos y restaurantes en el bajo Manhattan y recibía $60 dólares por ocho horas de trabajo.

“En lugar de entregarnos alguna compensación, podrían habernos otorgado documentos. Todos nosotros, todos los trabajadores hispanos, vimos las consecuencias de ese trabajo de limpieza más adelante”, señaló.

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