El Tribunal Supremo suspendió la ejecución de un latino que pidió que su pastor lo acompañe

El Tribunal Supremo otorgó un indulto de última hora el miércoles por la noche a un recluso de Texas que quiere que su predicadora esté físicamente a su lado y que ore por él de manera audible en el momento de su ejecución.

Apenas unas horas antes de la ejecución de John Henry Ramírez, el tribunal emitió una orden de un párrafo concediendo su solicitud de suspensión de la sentencia de pena de muerte.

Ramírez presentó su solicitud ante el Supremo porque el Departamento de Justicia Criminal de Texas le informó que no permitirá que la pastora del preso “imponga las manos” sobre él y ore de manera audible durante la ejecución.

El Tribunal Supremo ordenará una sesión informativa completa sobre el caso, que se agregará al expediente del tribunal en octubre o noviembre.

Antes de que se pronunciara el Supremo, el estado de Texas y dos tribunales inferiores habían rechazado la solicitud del hispano, al considerar que iba contra la normativa estatal.

Texas había pedido al Supremo que rechazara la petición de Ramírez, y el Departamento de Justicia Criminal del estado rechazó que su pastora pudiera poner sus manos sobre el preso y orar en voz alta durante la ejecución, por considerar que eso podría complicar el proceso.

En su petición al alto tribunal, Ramírez había alegado que desde 2016 recibía consejo espiritual de Moore, pastora de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi, ciudad natal del asesino convicto.

La moción del reo aseguraba que, si no se concede su solicitud, Moore se vería obligada a permanecer en un “pequeño rincón” de la habitación a pesar de que su “declaración jurada ante notario explica que poner sus manos sobre un cuerpo moribundo y vocalizar oraciones durante la transición de la vida a la muerte están entrelazadas con los servicios religiosos”.

Añadió que no se podía considerar que su pedido tenía como objetivo retrasar la ejecución porque presentó el caso de “asesor espiritual” en agosto de 2020, 13 meses antes de la fecha de ejecución actual. En opinión del hispano, el rechazo a su pedido le llevaría a ser ejecutado sin el “consejero espiritual que le garantiza la Constitución”.

Ramírez fue condenado por la muerte a puñaladas de Pablo Castro, un trabajador de una tienda de conveniencia de Corpus Christi, en un robo en el que solo consiguió $1.25 dólares.

Sus dos cómplices, Christina Chávez y Ángela Rodríguez, fueron detenidas en las horas siguientes al asalto, pero Ramírez logró huir, aunque finalmente fue arrestado en Brownsville en febrero de 2008.

La ejecución de Ramírez ya se había retrasado en otras dos ocasiones, una en 2017 y otra en septiembre de 2020, debido a la pandemia de la covid-19.