Suman 27 estados en impugnar el requisito de vacunación del presidente Biden
Bajo liderazgo republicano, 27 estados han impugnado el requisito de vacunación en empresas impuesto por el gobierno de Joe Biden
Bajo el liderazgo de republicanos, 27 estados impugnaron el viernes el requisito de vacunación contra el covid-19 ordenado para las compañías por el presidente Joe Biden.
Se trata de una confrontación entre los derechos de los estados y la autoridad federal, en el que se discute el requisito que el jueves emitió la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA).
Mandata que todos los trabajadores de empresas grandes –con más de 100 empleados—deben estar vacunados el 4 de enero por más tarde; en caso contrario, deberán utilizar mascarillas y someterse cada semana a pruebas diagnósticas.
Los estados piden a los tribunales en la demanda que definan si esta medida es un abuso por parte del poder federal y pasa por encima de la autoridad estatal para imponer políticas en lo relativo a la salud.
El incumplimiento contempla multas de cerca de $14,000 dólares.
“Este mandato es inconstitucional, ilegal e insensato”, considera Eric Schmitt, procurador de Missouri.
A Missouri se sumaron los procuradores republicanos de Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, las Dakotas y Wyoming. Entre los demócratas, el único procurador que se sumó es Tom Miller, de Iowa.
“Es mi obligación, bajo la ley, encausar o defender cualquier acción en la corte cuando el gobernador lo solicita”, dijo sobre la gobernadora republicana Kim Reynolds.
Otras coaliciones que se sumaron el viernes fueron Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur, Texas, Utah, Kansas, Kentucky, Idaho, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Virginia Occidental, Alabama, Florida y Georgia, además de Indiana.
Para la administración Biden, la manera más rápida de salir de la pandemia es con vacunación generalizada. The Associated Press citó a un portavoz de la Casa Blanca, quien el jueves dijo que esta instrucción pretende que se detenga la propagación de una enfermedad que ha costado la vida a más de 750,000 personas en el país.
El gobierno federal, en tanto, dice que este requerimiento resistirá las impugnaciones jurídicas porque sus normas de seguridad tienen preeminencia.
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