Gobernador de Florida firma paquete de leyes contra los mandatos federales de vacunas Covid-19

El gobernador de Florida Ron DeSantis firmó el jueves un paquete de leyes que desafía los mandatos federales de vacunación contra el coronavirus para los trabajadores de empresas con más de 100 empleados, en una regulación que según el gobernador, busca ‘proteger empleos”.

“Les dije a los floridanos que protegeríamos sus trabajos y hoy lo convertimos en ley. Nadie debería perder su trabajo debido a los mandatos de vacunación”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

El gobernador agradeció a la Legislatura de Florida, controlada por el Partido Republicano, la aprobación previa de los cuatro proyectos de ley que bloquean los mandatos de vacunación obligatoria contra Covid-19 impuestos por el gobierno federal a empresas y a agencias del gobierno.

“Florida protege los derechos de los empleados y las familias. El estado libre de Florida se interpondrá en el camino de los burócratas que quieren quitarnos nuestros trabajos y nuestra libertad mediante mandatos de mano dura”, aseveró DeSantis.

DeSantis, que buscará la reelección en 2022, está enfrentado al presidente demócrata Joe Biden, especialmente en lo que se refiere el manejo de la pandemia de coronavirus y las vacunas.

Las nuevas leyes prohíben a empleadores privados y gubernamentales imponer los mandatos federales de vacunación contra Covid-19, lo que, según la oficina del gobernador, permite a “los empleados elegir entre numerosas exenciones, que incluyen, entre otras, preocupaciones religiosas o de salud, embarazo o embarazo futuro”.

Los empleados pueden optar por “realizar pruebas periódicas y los empleadores deben cubrir los costos de las pruebas y las exenciones para los empleados”.

A los empleadores que violen estas directrices sanitarias se les impondrá multas de $10,000 dólares por trabajador en el caso de empresas de 99 o menos empleados y de $50,000 dólares por persona para las compañías de 100 o más trabajadores.

La legislación impuesta en Florida se arriesga a considerar que las entidades gubernamentales en el estado están incluidas en ella, y no pueden exigir la vacunación Covid-19 a nadie, incluidos sus empleados, ni tapoco pueden hacerlo las instituciones educativas, según la nueva normativa, que tiene efecto inmediato y pretende así resolver de una vez las disputas entre el gobierno estatal y las juntas de varios distritos escolares que han exigido que se mantenga el uso de mascarillas en las escuelas.

“El gobernador DeSantis ha demostrado un liderazgo ejemplar durante toda la pandemia y me enorgullece estar con él mientras desafiamos los mandatos de vacunas ilegales impuestas a los floridanos por el presidente (Biden) y sus burócratas”, dijo la fiscal general de Florida, Ashley Moody.

“Es un honor para mí estar hoy aquí mientras el gobernador DeSantis firma la agenda ‘Mantener Florida libre’ y se convierte en ley”, dijo por su parte el presidente del Senado, Wilton Simpson, para quien el “mensaje claro” que se envía es que “Florida es sinónimo de libertad”.

Una de las nuevas leyes da a DeSantis un plazo hasta el 17 de enero de 2022 para delinear un plan y plantear a las autoridades federales que permitan crear una entidad que asuma en Florida las funciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), lo que según algunos medios locales puede llevar años.

Además de la firma de estos proyectos de ley, el gobierno de Florida interpuso el 28 de octubre una demanda contra la Administración Biden por obligar a todos los empleados y contratistas del gobierno federal a que se vacunen contra la covid-19 antes del 8 de diciembre.

DeSantis señaló al anunciar la demanda el pasado 28 de octubre que la orden federal es “ilegal” y una “extralimitación” que, en el caso de Florida, interfiere con las políticas de empleo y en general con la economía estatal. 

Ahora muchas empresas y la mayoría de los proveedores de atención médica en Florida enfrentan una opción costosa: seguir las nuevas políticas de vacunación de la administración de Biden y el consejo de expertos en salud pública y arriesgarse a fuertes multas estatales, o ponerse del lado del gobierno estatal y enfrentar posibles sanciones financieras por parte del gobierno federal.

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