La encrucijada en México para distinguir a delincuentes y víctimas

MEXICO.- Son acusados de asesinatos, violaciones, delincuencia organizada. En la mira de las autoridades como sicarios, ladrones, estafadores o extorsionadores. O todo a la vez. Pero en cuanto son detenidos, ya saben qué hacer, advirtió el gobernador de Veracruz.

“Se hacen las víctimas de tortura para salir libres”.

Cuitláhuac García, uno de los políticos más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, puso este año sobre la mesa un tema con todas sus letras y de manera inédita en voz de un gobernante que acusa a internos de mentir al denunciar torturas en cárceles del estado para beneficiarse.

Aunque políticamente incorrecto también empujó cambios en la constitución local para consolidar como delito el “ultraje a la autoridad”.

El gobernador argumenta que en su administración se actualizó el Artículo 19 para que la agresión con armas amerite la prisión preventiva oficiosa porque  los elementos policiacos necesitan contar con un respaldo jurídico cuando son agredidos al ir por los delincuentes.

“No cualquiera denuncia a un jefe de plaza por miedo y solo es posible detenerlos en flagrancia”.

Pero un grupo de senadores de la República, así como abogados locales no piensan lo mismo e insisten en que se derogue el concepto de ultraje a la autoridad. Como ejemplo del abuso que puede generar se sustentan en un caso que documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a finales del año pasado. 

Seis jóvenes víctimas denunciaron que el 3 de septiembre de 2021, alrededor de las siete de la noche, se apostaron afuera de un restaurante varios policías.  Algunos encapuchados. Sin decir palabra, detuvieron a los muchachos y los esposaron.

A todos los subieron a la batea de un vehículo patrulla doble cabina, en la que fueron trasladados al cuartel donde los colocaron contra la pared, quitarob sus artículos personales, dinero e incluso joyería. “Ya valieron madres”, les dijeron, según los testimonios.

De las galeras los pasaron a los separos, incomunicados. Después de esa noche les hicieron firmar unas hojas. Al día siguiente los trasladaron a la fiscalía, donde les mostraron unos cuchillos y armas AR8 con las que supuestamente habían agredido a los policías y por eso se les acusó de ultraje a la autoridad. Dos días después los llevaron a prisión “preventiva”. 

De eso pasaron cinco meses hasta que en diciembre pasado un juez los liberó después de que la fiscalía aceptó la recomendación de la CNDH. Cuitláhuac García aceptó que puede haber errores pero se mantiene firme.

“Si se deroga el delito 40 jefes de plaza de la delincuencia organizada podrían salir libres”, argumentó.

Antecedentes

El dilema sobre cómo capturar a los delincuentes y probar su culpabilidad sin violar los derechos humanos es un asunto que México no ha resuelto. En el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se documentó que los malos tratos aún son generalizados y que la tortura se utiliza para castigar o extraer información y confesiones. 

A ello se suma un contexto de impunidad donde la falta de investigación al respecto es la regla. “Entendemos que la eliminación de la tortura es un desafío fundamental para México, por lo cual, reiteramos nuestra recomendación sobre la importancia de promulgar la Ley General sobre la Tortura, con disposiciones apegadas a los más altos estándares internacionales”.

El relator de la ONU hizo un llamado al Estado para que el Protocolo de Estambul se aplique de forma correcta y reiteró la necesidad de que el personal que lo practique sea imparcial, independiente y autónomo. 

En un análisis doméstico, la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL-Inegi,) señaló que más de 20% de quienes se encuentran privados de la libertad fueron arrestados sin que hubiera una orden de detención en su contra. 

En casi 60% de los casos la autoridad empleó fuerza física para realizar el arresto; otro tanto sufrió algún tipo de agresión física, como patadas, puñetazos, golpes con objetos, lesiones por aplastamiento, quemaduras o violación sexual.

Y el 75% sufrió violencia psicológica al momento de ser arrestado. Por ejemplo, fue incomunicado, amarrado, desnudado o amenazado con vulnerar a su familia.

Cuitláhuac García destaca en contraparte que generalmente las estadísticas surgen de los mismos reos que saben que argumentar maltratos los pondrá libres, algo similar a lo que ocurre con el abuso de la figura de amparo para evitar la cárcel. 

El amparo fue creado para proteger al ciudadano de los abusos de autoridad, pero se ha demostrado que es un recurso para alargar procesos a los que recurren incluso políticos de todo tipo. Tan solo en las dos últimas semanas distintos jueces han negado amparo a algunos de los más famosos prófugos y reclusos de México.

Entre ellos, Luis Antonio Valenciano, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada a través de su empresa en el caso de “La Estafa Maestra”, donde se desviaron recursos a través de universidades públicas. 

También un tribunal federal negó un amparo a Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora (2009-2015), quien buscaba evitar sentencia por el cargo de defraudación fiscal. De igual manera, al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa le fue negada por cuarta ocasión y definitiva un juicio para ampararse de cualquier orden de aprehensión que se haya girado en su contra. 

Billy Alvarez, expresidente de la cooperativa del club de futbol Cruz Azul recibió en noviembre pasado un revés luego cuando se le negó un amparo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene luz verde para para detenerlo. Sigue prófugo.

Entonces, si se protegen los derechos de los presuntos delincuentes, ¿se afecta a las víctimas? 

Mara Gómez, especialista en justicia y derechos humanos y doctora en derecho por la UNAM, opina que es perfectamente posible y deseable proteger los derechos de los acusados de un delito y proteger los derechos de las víctimas. 

“Aceptar lo contrario equivale a justificar todo tipo de arbitrariedades”, advierte.

“Respetar la presunción de inocencia del inculpado y su derecho a la defensa y, a la vez, velar porque las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación es muy sencillo: es el objetivo de lo que los abogados llamamos ‘debido proceso’”.

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