Secuestran a la hermana de un alcalde del Estado de México que fue amenazado por otro funcionario
La joven se encontraba en su negocio cuando llegó una camioneta negra, de la cual bajaron hombres fuertemente armados, quienes la sometieron y metieron por la fuerza a la unidad para huir
Una mañana común de trabajo para Ana Lilia Ocampo Ayala, hermana del alcalde de Ixtapan de la Sal, Estado de México, se convirtió en una pesadilla, pues fue secuestrada por un comando armado.
Según fuentes al interior del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, la hermana del presidente municipal Edgar Ocampo Ayala fue secuestrada la mañana del 3 de octubre, cuando se encontraba en su farmacia.
De acuerdo a testigos de los hechos, la joven se encontraba en su negocio cuando llegó una camioneta Chevrolet negra, de la cual bajaron hombres fuertemente armados, quienes la sometieron y metieron por la fuerza a la unidad para huir con rumbo desconocido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el secuestro e informó que investiga los hechos y realiza las diligencias correspondientes.
El pasado 23 de septiembre, autoridades del Estado de México detuvieron a Raúl Flores Díaz, servidor público del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, investigado por presuntamente cometer extorsión contra el presidente municipal Edgar Ocampo Ayala.
“En enero, febrero y septiembre de este año, el Presidente Municipal de Ixtapan de la Sal habría sido amenazado y extorsionado por el ahora detenido, quien presuntamente le exigió una suma económica a cambio de no causarle daño y dejarlo trabajar”, informó la Fiscalía mexiquense.
Por estos hechos un juez del Poder Judicial dictó prisión preventiva a dicho regidor, quien se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo; no obstante, hasta el momento no se ha confirmado si su detención tiene algo que ver con el secuestro de la hermana del alcalde.
Ixtapan de la Sal es un municipio en el que la violencia ha predominado durante los últimos años, debido a ello se desplegaron agentes federales en 2014. Trascendió que se investigaba si policías municipales tenían nexos con la delincuencia organizada, en específico con el grupo criminal Guerreros Unidos, participe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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