Dictan prisión a hispanos por crimen organizado al “esclavizar” a trabajadores agrícolas mexicanos en Florida
Para conseguir sus propósitos, dueño y empleados realizaban la confiscación de los pasaportes, el endeudamiento, las condiciones de hacinamiento y hasta amenazas de deportación para que trabajaran con pagos mínimos
Empresario y empleados ya se había declarado culpables de extorsionar a trabajadores agrícolas mexicanos. Crédito: Joe Raedle | Getty Images
Empresario y empleados hispanos fueron sentenciados a pasar varios meses en prisión acusados de crimen organizado por un delito de extorsión que implicó el trabajo forzado de varios trabajadores agrícolas.
La jueza del Tribunal Federal de Distrito Charlene Edwards Honeywell, condenó a Christina Gamez, de 43 años, a 37 meses de prisión; Efraín Cabrera Rodas, de 32 años, ciudadano de México, a 41 meses de prisión; y Guadalupe Mendes Mendoza, de 45 años, a ocho meses de arresto domiciliario y una multa de $5,500 a pagar por 24 meses de libertad supervisada, tras descubrir que se aprovecharon de una docena de trabajadores mexicanos H-2A que habían trabajado en los Estados Unidos cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas entre 2015 y 2017.
El juez Honeywell también ordenó a Cabrera que pague casi $25,000 y a Gámez que pague más de $9,000 en restitución a las víctimas.
“Estos acusados explotaron las vulnerabilidades y el estatus migratorio de sus víctimas, prometiéndoles acceso al sueño americano, pero luego se dieron la vuelta y confiscaron sus pasaportes y amenazaron con arrestarlos y deportarlos si no trabajaban sin descanso para obtener ganancias”, dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
“El Departamento de Justicia se compromete a enjuiciar a quienes utilicen el engaño, el aislamiento, la intimidación, la coerción y el control para explotar a sus víctimas para realizar trabajos forzados, y a garantizar que se les despoje de cualquier ganancia para que las víctimas puedan usar legítimamente los ingresos de la restitución para reconstruir sus vidas”, siguió.
“Usar prácticas coercitivas, engañosas y fraudulentas para explotar el estado migratorio de las personas para participar en un patrón de trabajo forzado para obtener ganancias financieras es atroz”, dijo el fiscal federal Roger Handberg para el Distrito Medio de Florida.
De acuerdo a las autoridades, la explotación laboral que impusieron fue para su propio enriquecimiento personal.
Según documentos judiciales, cada uno de los acusados conspiró para operar y administrar Los Villatoros Harvesting LLC (LVH), una empresa de contratación de mano de obra agrícola que trajo a los Estados Unidos un gran número de trabajadores mexicanos temporales y de temporada con visas agrícolas H-2A.
Cabrera trabajó como reclutador, gerente y supervisor de medio tiempo para LVH. Cabrera reclutó con éxito a aproximadamente 40 trabajadores para trabajar en la empresa criminal. Les cobró tarifas de entre $1,000 y $2,000 antes de venir a los Estados Unidos a trabajar para LVH, les mintió diciéndoles que LVH les reembolsaría después de su llegada a los Estados Unidos y tergiversó cuánto dinero les pagaría.
Gamez trabajó como tenedor de libros, gerente y supervisor de LVH. Gámez cometió varios actos manifiestos en apoyo de la empresa criminal. Confiscó los pasaportes de los trabajadores y, a sabiendas, presentó documentos de nómina fraudulentos a la empresa de nóminas para que la compañía pudiera pagar a sus trabajadores solo una fracción muy pequeña del salario al que tenían derecho según sus contratos por las muchas horas de trabajo físicamente exigente que tenían.
Mendes trabajó como supervisor y gerente de LVH. Para ocultar aspectos de la empresa criminal a los investigadores, Mendes hizo declaraciones falsas a los investigadores federales.
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