Claves sobre ICE y deportación de inmigrantes que deberá decidir la Corte Suprema tras escuchar argumentos

El Gobierno del presidente Joe Biden mantuvo su postura de que es “imposible” la detención y deportación de todos los inmigrantes indocumentados, porque no hay recursos suficientes, por ello defendió su política de enfocarse en personas con récord criminal y que representan un peligro para la seguridad nacional.

Ese y otros aspectos se abordaron en la sesión de argumentos orales ante la Corte Suprema de los procuradores generales Elizabeth Prelogar, de la Administración Biden, y del Judd Stone, de Texas.

El caso fue aceptado por el Máximo Tribunal luego de una demanda de los gobiernos republicanos de Texas y Louisiana contra el memorando de septiembre del 2021 firmado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En esa guía se pide a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizar a inmigrantes indocumentados con récord criminal, en lugar de detener y procesar para la deportación a una persona solamente por no tener papeles.

Los jueces cuestionaron a ambos procuradores sobre tres aspectos: 1) si un estado tiene o no el derecho de demandar al Gobierno federal sobre sus políticas –en este caso migratorias—; 2) si las reglas de deportación obedecen la ley de inmigración o no, y 3) si el juez de Distrito de Texas, Drew Tipton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo.

“Juez [Brett] Cavanaugh, usted preguntó cuáles serían las consecuencias… si este tribunal realmente dijera que desplazará toda discreción de ejecución [migratoria], entonces el DHS estaría bajo la obligación judicialmente exigible de tomar medidas de ejecución contra cualquier persona”, dijo la procuradora Prelogar. “Eso significa que no tendríamos los recursos o la capacidad para perseguir a las personas que son amenazas para la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza”.

Varios de los jueces, incluidos Samuel Alito, el presidente del Tribunal John Roberts y el juez Kavanaugh expresaron escepticismo sobre las políticas “discrecionales” de la Administración Biden sobre los inmigrantes indocumentados.

“¿No deberíamos simplemente decir cuál es la ley?”, sugirió el juez Roberts, quien luego reconoció que el Gobierno federal no tendría acceso a recursos necesarios para aplicar la norma sin excepciones, es decir, deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La jueza Sonia Sotomayor cuestionó sobre el argumento de los gobiernos demandantes en cuanto a la decisión de deportación, ya que enfatizó que todos los jueces tienen discrecionalidad al respecto, entonces consideró que las guías tenían como base esa discrecionalidad, es decir, que los oficiales de ICE eran instruidos en determinar “varios factores” para el arresto de una persona.

El poder de los estados

El procurador Stone afirmó que los demandantes no quieren que la Administración Biden deporten a “alguien en particular”, pero piden que se aplique a rajatabla la ley migratoria aprobada por el Congreso.

Agregó que sin las guías expuestas en el memorando de septiembre del 2021, el Gobierno de Texas considera que sería mejor beneficiado en cuanto a las políticas de ICE.

“Sin las directrices, el Gobierno hará cumplir las leyes de inmigración de manera diferente que satisfacen a Texas”, expuso.

Uno de los argumentos de Texas, presentado en cortes de Distrito y Apelaciones, es que esa administración estatal destina fondos a inmigrantes que no debería, debido a las guías del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El juez Alito pareció apoyar a los estados, incluso que había posibilidad de que demostraran el daño legal, además de considerar que la Administración Biden estaba actuando en forma “hostil” contra los estados demandantes.

En varios momentos, los jueces abordaron si los estados pueden o desafiar las políticas migratorias. En opinión de la jueza liberal Elena Kagan, esa área es un asunto del Gobierno federal, señalando que si los estados son beneficiados con una decisión de suspensión, eso abriría la puerta a que cualquier política sea desafiada.

Señaló que se corría el riesgo de llegar a un “punto muerto”, debido a los estados que desafían las políticas y los tribunales que pudieran tomar decisiones en particular.

Este caso en particular fue decidido por el juez de Distrito en Texas, Drew Tipton, luego confirmado por el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito.

Qué dicen los expertos

Este caso tendría un gran impacto en futuras decisiones sobre políticas migratorias, ya que –siguiendo el argumento de los jueces— cualquier estado podría demandar sobre acciones específicas del DHS.

“Es un principio bien establecido que se remonta a décadas atrás, y abarca administraciones de todo tipo, que las agencias de aplicación de la ley tienen discreción para establecer prioridades y ejercer la discreción procesal”, consideró el abogado Greg Chen, director Senior de Relaciones con el Gobierno de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Desde ese punto de vista, para Chen, la Corte Suprema debería mantener en efecto el memorando de septiembre del 2021.

El Máximo Tribunal deberá tomar una decisión final sobre el caso, pero no hay una fecha específica para ello.

En tanto, ICE mantiene sus operativos y, hasta el momento, ha reportado la detención de personas con récord criminal o alguna otra falta, incluido manejar bajo la influencia del alcohol (DUI).

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