La Asociación Nacional del Rifle demanda al gobierno por sus medidas de control de armas
La NRA anunció la demanda contra una regulación federal sobre los accesorios que convierten a las pistolas en rifles de cañón corto aumentando su poder
Los tiroteos masivos han hecho que aumenten las demandas de control de armas. Crédito: Drew Angerer | Getty Images
WASHINGTON – La Asociación Nacional del Rifle (NRA) anunció este jueves que demanda a la Administración de Joe Biden en un intento por acabar con la nueva normativa federal sobre pistolas con estabilizadores, que el presidente había calificado de “especialmente peligrosas” y que forma parte de las iniciativas del gobierno federal para mejorar el control de armas.
El organismo apuntó en Twitter que ese reglamento “supone un claro abuso de poder” por parte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y demuestra que está “claramente” aplicando la agenda “contra las armas de fuego” del mandatario demócrata.
La normativa en cuestión, que entró en vigor el pasado 31 de enero, obliga a los dueños y compañías que vendan soportes estabilizadores a someterse a una serie de controles, como el registro del accesorio y el arma y el pago de un impuesto por su posesión.
Un soporte estabilizador permite convertir una pistola en un rifle de barril corto, lo que aumenta su capacidad destructiva, pero mantiene su tamaño, haciéndola más fácil de esconder que otro tipo de armas.
Los soportes estabilizadores han sido usados en al menos dos grandes tiroteos en los últimos años en Estados Unidos.
En marzo de 2021, un hombre mató a diez personas en un supermercado en Boulder, Colorado, con un arma que tenía ese accesorio.
“La nueva definición de la ATF para esos soportes estabilizadores es arbitraria… Todos los propietarios estadounidenses de armas corren el riesgo de afrontar cargos por delitos graves por el capricho de estos burócratas”, apuntó el director ejecutivo de la NRA, Jason Ouimet.
La demanda fue interpuesta en Dakota del Norte y la NRA dice estar respaldada por los fabricante de armas y estabilizadores SB Tactical y B&T USA y una coalición de 25 estados encabezada por los fiscales generales de West Virginia, Patrick Morrisey, y de Dakota del Norte, Drew Wrigley.
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