Organizaciones piden a juez bloquear Ley SB 1718 contra inmigrantes en Florida
Defensores en derechos civiles pidieron a un juez bloquear la ley SB 1718 contra inmigrantes en Florida, al señalar que criminaliza a las personas, además de ser imprecisa en sus términos y ser inconstitucional
Ron DeSantis asegura que no escatimaría en recursos para enfrentar a los carteles pues sería en beneficio de los intereses estadounidenses. Crédito: Scott Olson | Getty Images
Como parte de su pleito legal contra la SB 1718, varias organizaciones en defensa de los derechos civiles y de inmigrantes pidieron al juez bloquear la aplicación de esa ley contra inmigrantes en Florida.
“En su moción, los demandantes le piden al tribunal que bloquee la Sección 10 en su totalidad, porque es una ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal y es inconstitucionalmente vaga”, indicaron los demandantes en un comunicado.
La Sección 10 de la SB 1718 es la relacionada con la transportación de los inmigrantes indocumentados, lo cual podría derivar en la detención en quienes los transportan y ser acusados por contrabando de personas.
“La Sección 10 ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave, por transportar una categoría vagamente definida de inmigrantes a Florida, incluso por actos simples como conducir un miembro de la familia a una cita con el médico o de vacaciones familiares”, advierten los defensores. “Es imperativo que el tribunal evite que esta ley inconstitucional cause daños irreparables a los demandantes y a innumerables otras familias, organizaciones y comunidades”.
La moción fue presentada este martes por el Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union o ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
La demanda fue presentada el 17 de julio, los grupos describieron cómo la Sección 10 de al SB 1718 criminaliza el transporte de personas a Florida, además de que hay imprecisiones en las definiciones sobre “inmigrantes no inspeccionados” por el gobierno federal desde su entrada a EE.UU.
“La demanda alega que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin un justo aviso”, dicen los demandantes. “También afirmó que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
La querella judicial fue presentada en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente dentro y fuera de Florida.
La demanda es contra el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida.
En defensa de casi un millón de inmigrantes
A.J. Hernandez Anderson, abogado supervisor sénior en el Proyecto de Justicia para los Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, defendió la moción para detener la “draconiana” ley impulsada por los republicanos y defendida por DeSantis.
“Casi un millón de floridanos son familias de inmigrantes, cuyos miembros tienen diferentes estatus. […] La draconiana ley antiinmigrante de Florida, SB 1718, pone en riesgo a comunidades enteras, cuando los miembros de la familia tienen miedo de llevar a sus seres queridos a recibir atención médica, asistir a eventos de la iglesia, cumplir con los requisitos del tribunal de inmigración o trabajar en los cultivos de Florida”, indicó. “Esta ley se debe detener. Estamos pidiendo al tribunal que detenga la aplicación de esta ley obviamente inconstitucional y llena de odio”.
La petición de los demandantes sería provisional, conforme avanza la demanda y el juez tome alguna determinación definitiva.
“La SB 1718 ha cambiado injustamente el panorama de lo que significa vivir como inmigrante en Florida, alejándose de la capacidad de crear condiciones más seguras para nuestras comunidades”, dijo Amien Kacou, abogado para ACLU de en Florida. “Esta ley ha atacado a nuestras comunidades de inmigrantes y ha cambiado sus medios de vida, dejando a muchos con pocas oportunidades en el estado y obligando a muchos a huir. […] Esta ley es cruel, tiene la intención de avivar el miedo y consta de una excesiva aplicación y debe prohibirse de inmediato”.
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