La Corte Suprema bloqueó el acuerdo de bancarrota de la farmacéutica Purdue Pharma

La Corte Suprema bloqueó temporalmente el jueves una decisión emitida este pasado mayo por un tribunal de apelaciones de Nueva York con la empresa Purdue Pharma, fabricante del opioide OxyContin, que protegería a los miembros de la familia Sackler, propietarios de la compañía, de demandas civiles por las muertes a causa de la epidemia de opioides.

Los jueces aceptaron una solicitud de la administración Biden para frenar un acuerdo alcanzado el año pasado con los gobiernos estatales y locales. Además, el tribunal superior escuchará los argumentos antes de fin de año sobre si el acuerdo puede proceder o no.

El acuerdo permitiría a la empresa salir de la bancarrota como una entidad diferente, con sus ganancias utilizadas para combatir la epidemia de opiáceos. Los miembros de la familia Sackler contribuirían hasta $6 mil millones de dólares, pero un componente clave del acuerdo protegería a los miembros de la familia, que no buscan protección contra la bancarrota como individuos, de las demandas en su contra.

La Corte Suprema accedió a la apelación del Departamento de Justicia, que argumentó que eximir a los Sackler de responsabilidad civil no estaba autorizado por la legislación de quiebras estadounidense, y constituía un “abuso del sistema de bancarrotas (que) suscitaba cuestiones serias sobre su constitucionalidad”.

En la orden de hoy, muy breve, los jueces de la Corte Suprema programaron una audiencia oral para evaluar el caso en diciembre de este año.

Purdue Pharma es señalada como una de las grandes responsables de la crisis de los opiáceos en EE.UU., que ha matado a más de medio millón de personas, y en 2019 se acogió a la Ley de Quiebras, pero desde entonces ha habido una batalla judicial sobre su plan de compensación de los afectados.

La empresa, controlada hasta hace poco por la desprestigiada familia Sackler, que retiró fondos antes de someterla a bancarrota, había acordado pagar hasta $6,000 millones de dólares a decenas de administraciones a condición de ser protegidos contra futuras demandas por temas relacionados con los opioides.

Ese plan, después de muchas idas y venidas, fue aprobado en mayo por un tribunal de apelaciones de Nueva York, tras lo que la familia Sackler expresó su satisfacción y deseo de que se aplicara “lo antes posible”.

“Estamos seguros de la legalidad de nuestro Plan de Reorganización apoyado casi universalmente, y tenemos optimismo en que el Tribunal Supremo estará de acuerdo”, dijo la empresa hoy en un comunicado a los medios, en el que expresó “decepción” con el gobierno por su apelación.

El gobierno, dijo Purdue, “pese a no tener un interés concreto en el resultado de este proceso, ha sido capaz de retrasar miles de millones de dólares que deberían usarse en compensar a las víctimas, mitigar la crisis de los opioides en comunidades por todo el país, y en medicinas de reversión de sobredosis”.

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