Transexclusión laboral: “el escarmiento material”

“El desempleo de las personas trans es una forma de escarmiento”, explica la académica, escritora y activista fronteriza, Sayak Valencia. El objetivo, afirma, es el de inhibir el reconocimiento e impedir la supervivencia en el campo laboral.

Es decir que este es un sistema que no le permite a las personas trans ser reconocidas o permanecer en espacios fuera del trabajo sexual o de las formas feminizadas de trabajo. Esta misma conducta de expulsión, comenta Sayak, se replica para todas aquellas personas que no se identifiquen con las categorías binarias que el capital impuso al Estado y el Estado a las personas.

“Todo lo que se escapa de eso (la reproducción de capital) resulta una amenaza, no sólo simbólica, sino real porque muestra otras formas de socialización, subjetivación y también de producción que no están ligadas a la concentración de la riqueza”, asegura Sayak.

La realidad numérica asiste a la investigadora. Según información publicada en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexualidad y de Género (ENDISEG), la probabilidad de sufrir discriminación en un espacio laboral aumenta en 36.9% si te identificas como una mujer trans; 18.3% si te identificas como un hombre trans y 16.6% si perteneces a la población no binaria. Estos números, de reciente incorporación al análisis estadístico del Estado mexicano, nos ayudan a dimensionar, definir y problematizar sobre el tema que explica Sayak Valencia.

Por ejemplo, según datos de 2021 publicados en 2022, existe casi un millón de personas trans en México. De las cuales, sólo 486,617 eran económicamente activas (aunque en los datos las poblaciones se segmentan debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) eliminó las categorías laborales por lo que resulta imposible saber si se trata de un trabajo remunerado o no) en el momento de la encuesta. De esas personas 144,045 pensaron en quitarse la vida (una quinta parte) por diversos motivos.

Entre las condiciones laborales reportadas en dicho estudio del INEGI, 27,322 personas trans habían sido amenazadas o atacadas sexualmente por una autoridad escolar o laboral; 38,880 habían sido agredidas por un compañero de escuela o de trabajo; y 17,176 reportaron haber sido humilladas por autoridades del trabajo o escuela. En 69,257 de los casos, las humillaciones las cometió un compañero de trabajo.

Uno de los motivos que podrían definir esta realidad, explica Sayak, es que las personas trans, así como las personas migrantes u otras realidades humanas que se oponen (voluntaria o involuntariamente) a reproducir los sistemas de concentración de recursos, simplemente serán objeto de ese escarnio.

A grandes rasgos, argumenta Sayak, el Estado, al haber sido pensado en masculino, constantemente expulsa a las poblaciones trans de sus estructuras, reproduciendo esta práctica de malgenerización en los programas sociales que el Estado implementa para esa población. Sus consecuencias, superan la de las amenazas del olvido.

“Sin condiciones materiales la vida se vuelve imposible y por tanto hay, de alguna manera, una condena, una muerte social que se puede volver material por las condiciones, es simplemente un escarmiento”, finaliza Valencia.

Las empresas no cumplen, ni con lo básico…

La pesadilla hecha realidad. Tal como lo narra Sayak ocurrió con una mujer trans originaria de Guadalajara, quien intentó acudir a la marcha por el orgullo de la diversidad sexual en Ciudad de México y terminó siendo expulsada de los sanitarios de Cinemex. Paulette, que lidera un movimiento para trabajadoras sexuales como activista, fue golpeada por un automóvil después de encabezar una protesta por transfobia.

La historia de Paulette no se puede contar sin ese día. El día en que trabajadores de dicha cadena de cines la expusieron frente a cientos de personas, porque según lo dicta el criterio de la empresa, parte de Grupo México propiedad del magnate Germán Larrea: “las personas trans no deberían hacer uso de esos espacios”.

“Desde el año 2020 he recibido ataques de la diputada del PAN (Partido Acción Nacional) América Rangel, por encabezar una protesta con otras compañeras donde denunciamos a la empresa Cinemex por actos de transfobia. Entonces ella comenzó a agradecer a la empresa por haberme sacado del baño diciendo que yo era hombre. Yo jamás le respondí pero sí denuncié la discriminación”, comenta.

La también activista por las trabajadoras sexuales, denuncia que luego de ese desencuentro con la legisladora, fue víctima de intimidación, acoso e intento de transfeminicidio. Después de los hechos ocurridos en el Congreso de la Unión, Paulette se decidió a presentar las denuncias correspondientes y llevar su caso hasta las últimas consecuencias.

Así fue como logró que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitiera un comunicado en contra de la empresa Cinemex el 27 de abril del 2022 por las evidentes violaciones a la ley cometidas por sus empleados.

“Me intentaron asesinar luego de comenzar con el activismo en Ciudad de México. Es difícil y será difícil para todas. El acoso que habitamos todos los días desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, pocas personas lo imaginan. Y me frustra que no entiendan que no queremos ocupar el espacio de nadie, sólo queremos saber que podemos tener un espacio y que ese espacio no sea la muerte. No les vamos a quitar nada, sólo queremos vivir”, finaliza.

Aunque Paulette no culpa a la diputada por los hechos, sí explica que este ataque puede derivarse de los discursos de odio emitidos por la legisladora durante el conflicto con la empresa.

El documento del Copred, en manos de PODER, está dirigido a Operadora de Cinemas S.A. de C.V. conjuntamente con sus sociedades controladoras, subsidiarias, filiales y sociedades bajo control de Grupo Cinemex. En él explican cómo fue que diversos trabajadores de la empresa sacaron de manera agresiva a Paulette argumentando que “era un caballero” y que ese “no era su baño”.

Según los Principios Rectores de Espresas y Derechos Humanos de la ONU (PRNU), las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las persnoas en sus operaciones y conducirse con debida diligencia. Es decir que, en sus análisis de riesgo en materia de derechos humanos, las corporaciones deberían incluir una perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad con el fin de responder a los posibles impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo los de la población LGBTIQ+. A pesar de eso, la realidad para Paulette fue distinta.

Un esfuerzo en tierra cristera y las compañeras en Latam

No todo es opresión y violencia. Desde el bajío mexicano, el primer diputado abiertamente homosexual en la historia del Congreso de Aguascalientes, Juan Regalado Ugarte, se encuentra impulsando una iniciativa de ley que pretende incluir en los mecanismos de contrataciones del estado, al menos, a un 2 por ciento de personas trans como trabajadoras.

Y, aunque su partido tiene minoría de escaños, el antecedente ya muestra, al menos, un esbozo de voluntad política para plantear el tema en una localidad donde la moral religiosa y empresarial son lo cotidiano.

“La Encuesta de Diversidad y Talento LGBT 2018, indica que el 41 por ciento de las personas trans en México tienen estudios universitarios y, aún así, son quienes más dificultades tienen para encontrar empleo y quienes menos generan experiencia laboral entre los grupos de la diversidad sexual y de género.”, cita el documento de la iniciativa en manos de PODER.

La regulación para ampliar el acceso laboral de la población trans ya se había planteado anteriormente y, afortunadamente, podemos hablar de casos de éxito. Al respecto la activista, académica de literatura y fundadora del Colectivo Trans del Uruguay, Collette Spinetti, nos habla sobre la efectividad de estos esquemas de inclusión, los cuales, asegura, son posibles.

La principal observación de la activista es la necesidad de diversificar los programas debido a que todas las realidades humanas son distintas. Y resulta indispensable, para lograr resultados ejemplares, que estas realidades sean contempladas en los programas de acción afirmativa y en general en todo el aparato de asistencia social.

“Las políticas de acción afirmativa para las personas no binarias, sí son viables. Definitivamente. Ahora, esas políticas no pueden ser generales porque no toman en cuenta las interseccionalidades. Por ejemplo, no es lo mismo esa política positiva para una mujer trans blanca que ha tenido acceso a estudios que para una mujer trans afrodesendiente, en situación de pobreza,” explica.

Otro ejemplo de viabilidad para la aplicación de programas que integren a la población trans en las políticas públicas, aparece desde Ecuador. En el mismo sentido que Collette, Gabriela Alejandra Rivadeneira, exsecretaria de gobierno de Ecuador en el periodo de Rafael Correa, explica en exclusiva para PODER algunos de los retos que aparecen al aplicar políticas públicas en favor de las poblaciones de atención prioritaria.

Según lo narra, su experiencia como Secretaria de Estado para aplicar políticas de integración a poblaciones vulneradas, fue compleja. Lo anterior, explica, se debe a que la estructura “sigue siendo de un Estado liberal”, por lo que las políticas sociales no tienen la aprobación de todos los sectores.

Otra explicación que ofrece Rivadeneira surge del análisis crítico al modelo al que denomina “capitalismo planificado” (sic), donde señala al Fondo Monetario Internacional de limitar las acciones del Estado y fortalecer al sector privado para los “servicios” sociales que pasaron a suplantar las responsabilidades de las naciones frente a los derechos de la gente. Por lo cual, resulta compleja la construcción de acuerdos.

A pesar de lo anterior, la exfuncionaria comenta que para ella, la lucha desde el Estado es y sigue siendo indispensable para lograr bienestar.

“la institucionalidad del Estado fortalecida es la mejor herramienta para el desarrollo en democracia, para el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que nuestros países son parte y para el pleno ejercicio de derechos individuales y colectivos” explica.

Finalmente, sobre la particularidad de atender poblaciones femeninas y de la diversidad sexual, Rivadeneira comenta que por ejemplo en Ecuador (y en algunos casos el mundo):

“más de la mitad de la población somos mujeres y el reconocimiento de las diversidades sexo genéricas ha evidenciado que la población de atención prioritaria está lejos de seguir siendo minorías (…) El problema es que el patriarcado propio del capitalismo arraigó estereotipos que imposibilitan ampliar debates de carácter estructural, por ejemplo el reconocimiento de políticas para la igualdad y la no discriminación. Por eso es importante y debería ser prioritaria la participación política de representantes de esos sectores poblacionales, las primeras leyes deben ser las del reconocimiento de la paridad y la alternancia obligatoria, así como acciones positivas para pueblos y nacionalidades, personas con discapacidad, migraciones y diversidades sexo genéricas”, finaliza.

De tal modo, bajo la experiencia de todas las personas consultadas, la realidad, al menos la que comprende a México, Ecuador y Uruguay, es desfavorable para las mujeres trans y diversidades del género o sexo. Empero, las rutas vía organización comunitaria, la regulación a las empresas y la implementación de medidas de bienestar desde el Estado han servido y servirán para mejorar la vida de quienes no se identifican con el binomio de género que ofrece el sistema económico y de mercado. La realidad es diversa.

(*) Ricardo Balderas es periodista de investigación en PODER Latinoamérica.

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