Pausa a las redadas en California es motivo de júbilo para inmigrantes

Organizaciones en favor de los derechos de la comunidad inmigrante celebraron este lunes el fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que restringe las redadas de inmigración en algunos condados del sur de California, incluido Los Ángeles.

El fallo de la corte establece que los agentes federales de inmigración tienen prohibido temporalmente detener a personas de forma indiscriminada en lugares públicos.

La instrucción ocurre después de que el gobierno federal apeló la resolución de una corte inferior que restringía temporalmente los operativos de inmigración con agentes enmascarados en el sur de California, debido a que las agencias no pudieron demostrar que las detenciones no se basaban en perfiles raciales.

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Uno de los personajes por los que la Corte de Apelaciones tomó la decisión fue el testimonio de Pedro Perdomo, inmigrante que fue arrestado por agentes federales el miércoles 18 de junio en una parada de autobús en Pasadena.

“Llegaron varios autos sin identificación, varios hombres se bajaron, nos agarraron a mí y a mis compañeros y nos llevaron como si fuéramos criminales“, comentó Perdomo este lunes durante una conferencia de prensa.

Después de pasar tres semanas en un centro de detención, Perdomo, con la ayuda de organizaciones activistas, demandó a varias agencias federales por ejecutar redadas de inmigración de forma indiscriminada y basados en el perfil racial.

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Por la demanda de Perdomo, un tribunal federal ordenó la suspensión temporal de los operativos de inmigración en el sur de California, hasta que termine el litigio.

Las agencias federales presentaron una apelación a la decisión del tribunal, pero la Corte de Apelaciones confirmó el fallo.

Para los miembros de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, es una victoria que la Corte de Apelaciones confirmara la suspensión temporal de las redadas.

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“Esta decisión afirma que tenemos derechos en este país y que debemos luchar con todas las fuerzas para que se respeten. Por lo tanto, seguimos luchando hasta el fin de este caso y seguiremos movilizándonos en los tribunales, en las calles y en los pasillos de nuestro gobierno”, dijo la directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas.

“Los jueces no elegidos están atentando contra la voluntad del pueblo estadounidense. Lo que hace a alguien ser objetivo de ICE es el que esté indocumentado en el país, no su color de piel, raza o etnia”, respondió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Simplemente, porque hablas español, porque te ves latino, por el lugar donde trabajas, por el sitio en que te encuentras, inmigración no puede usar eso como sospecha razonable para efectuar un arresto e iniciar procedimientos de deportación”, explicó el abogado de inmigración, Alex Gálvez.

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Si el gobierno federal no acata el fallo de la corte, se expondría a ser demandado nuevamente, no solo por violar una orden judicial, sino también por los derechos civiles de los detenidos.

“No es el final. Muchas familias permanecen separadas y miembros de la comunidad siguen detenidos en condiciones deplorables en centros de detención del país”, expresó el director ejecutivo de la Unión de Libertades Civiles ACLU, Shandra Bhatnagar.

Entre las víctimas que fueron más acosadas por los agentes de ICE se encuentran los jornaleros que acudían a los estacionamientos de tiendas Home Depot para ofrecer sus trabajos con mano de obra accesible. Incluso ahora, con la pausa en las detenciones, mantienen su desconfianza.

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“No puede estar tan seguro de que va a cumplir porque ya ve cómo está esta administración, que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Con más razón uno no se puede confiar. Tampoco hay que estar al pendiente”, dijo el jornalero Samuel Calderón.

Por el fallo, se suspende temporalmente este tipo de operativos en los que, según las organizaciones pro inmigrantes, se utilizan tácticas que ponen en riesgo el bienestar de la comunidad.

Sin embargo, la decisión de la corte no prohíbe a los agentes federales detener inmigrantes que tienen identificados, pero les exige cumplir con el protocolo legal de identificarse y presentar una orden firmada por un juez.

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