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Trump firma orden ejecutiva para reinstaurar pena de muerte en Washington D.C.

Trump ordenó al Departamento de Justicia aplicar la pena de muerte, revirtiendo más de cuatro décadas de abolición de este castigo en la capital del país

El anuncio se produce después de que el republicano desplegara la Guardia Nacional en Washington.

El anuncio se produce después de que el republicano desplegara la Guardia Nacional en Washington. Crédito: Alex Brandon | AP

A 44 años de haber sido abolida en Washington D.C., Donald Trump ordenó a la Fiscal General, Pam Bondi, solicitar la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los “factores aplicables”, en otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto “crimen sin control” que atraviesa.

La pena de muerte había sido anulada en Washington por el Tribunal Supremo en 1972 y abolida formalmente por el ayuntamiento en 1981. En 1992, un referéndum local confirmó el rechazo ciudadano a las ejecuciones, con dos tercios de los votantes en contra.

Pese a ello, la medida, anunciada desde el Despacho Oval, instruye a la fiscal general Pam Bondi y a la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a solicitar la pena capital en todos los casos que lo ameriten, especialmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes policiales. “Si matas a alguien, si matas a un agente de policía, le caerá la pena de muerte”, declaró Trump durante el acto de firma.

Es decir, buscará otorgar prioridad a esta medida merece especial atención ante las “amenazas a la seguridad pública” que enfrenta la ciudad.

Bajo esta misma lógica, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington D.C.

La capital de Estados Unidos tiene un estatus legal único, ya que no es un estado y opera bajo una relación con el gobierno federal que limita su autonomía y otorga al Congreso un control extraordinario sobre asuntos locales.

Pese a ello, la decisión ha generado controversia en un territorio históricamente opuesto a la pena capital y gobernado por autoridades locales demócratas. Aunque el memorando no especifica qué delitos serán castigados con la pena máxima, sí establece que los fiscales deberán solicitarla en todos los casos donde las pruebas lo justifiquen.

Sin embargo, tras la firma surgen dudas, pues dicho castigo requeriría cambios legislativos y podría enfrentar barreras jurídicas, ya que la mayoría de los homicidios en Washington DC se procesan bajo la ley local, que no contempla la pena de muerte.

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