Tribunal falla contra Trump y permite visitas de congresistas a centros de detención migratoria
En julio de 2025, congresistas demócratas interpusieron una demanda contra la Administración Trump por impedir el acceso a los centros de detención de ICE
Manifestantes se toman de las manos en la entrada del centro de detención Delaney Hall para evitar que vehículos ingresen durante protestas contra las redadas migratorias del gobierno, el jueves 12 de junio de 2025, en Newark, Nueva Jersey. Crédito: Olga Fedorova | AP
Un tribunal federal suspendió temporalmente la política de la administración Trump-Vance que impedía a los miembros del Congreso realizar visitas de supervisión sin previo aviso a los centros federales de detención migratoria.
La decisión restablece la capacidad del Congreso para supervisar en tiempo real cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, y gasta miles de millones de dólares de los contribuyentes, informó en un comunicado la organización Democracy Forward.
En julio pasado, un grupo de 12 congresistas demócratas, en su mayoría latinos, interpuso una demanda contra la Administración Trump por impedir el acceso a los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Los demandantes alegan que la agencia está violando la legislación que concede a los miembros del Congreso el derecho a acceder a las instalaciones, sobre las que pesan numerosas denuncias de mantener a los detenidos bajo condiciones inhumanas, hacinados, sin acceso al exterior y con deficientes servicios de alimentación e higiene.
“La obstrucción de la supervisión por parte del Congreso no es solo una afrenta a nuestra Constitución, es una amenaza en contra de la democracia,” declaró en un comunicado Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, uno de los representantes que firma la demanda.
Los demandantes publicaron la siguiente declaración:
“La decisión de hoy representa una victoria crucial para restaurar nuestra capacidad de ejercer la supervisión esencial del Congreso en nombre del pueblo estadounidense. Refuerza el estado de derecho y recuerda a la administración que la supervisión no es opcional. Las visitas in situ en tiempo real a los centros de detención migratoria ayudan a prevenir abusos y a garantizar la transparencia. La supervisión es una responsabilidad fundamental de los miembros del Congreso y un deber constitucional que no tomamos a la ligera. Seguiremos defendiendo el estado de derecho.
“Este fallo es una victoria para el pueblo estadounidense y sus representantes electos”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward. “Esta decisión deja claro que ningún presidente puede ocultar la verdad sobre el trato que reciben las personas bajo custodia federal de inmigración. Nos honra representar a estos congresistas en la defensa de la rendición de cuentas, la transparencia, el estado de derecho y la dignidad humana”.
“El fallo de hoy es una clara victoria para el Estado de derecho y una clara confirmación de que ningún gobierno está por encima de él”, declaró Chioma Chukwu, Directora Ejecutiva de American Oversight.
“Los miembros del Congreso tienen el derecho indiscutible de supervisar en tiempo real los centros de detención de inmigrantes, y el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué sucede en su nombre.
Al bloquear esas visitas, el gobierno no solo estaba infringiendo la ley, sino que intentaba ocultar al público la realidad dentro de estas instalaciones: personas en condiciones inhumanas y de hacinamiento, sin camas, duchas ni atención médica adecuadas. Esta orden restablece un control crucial sobre el poder ejecutivo y envía un mensaje claro: los abusos no se pueden ocultar”.
Con esta decisión, el tribunal reafirma el derecho de los miembros del Congreso a acceder a los centros federales de detención migratoria sin previo aviso, una salvaguardia destinada a prevenir abusos, proteger los derechos humanos y garantizar que los fondos públicos no se utilicen para financiar prácticas ilegales o inhumanas.
El fallo transmite un mensaje contundente: la supervisión es esencial para la democracia y ningún gobierno está por encima de la ley.
Sigue leyendo:
