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Inmigrante universitaria deportada durante Thanksgiving reveló el trato “intimidante” de ICE

La mujer llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años, pero fue detenida cuando intentaba viajar para visitar a su familia

Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas se han extendido hacia estados donde antes no llegaban. Crédito: Erin Hooley | AP

Una estudiante universitaria de Massachusetts denunció haber sido deportada pese a una orden judicial que le permitía permanecer en Estados Unidos, en un caso que ha despertado fuertes cuestionamientos sobre los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el respeto al debido proceso.

Lucía López Belloza, estudiante de primer año de 19 años en Babson College, fue detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston cuando intentaba viajar para visitar a su familia por el Día de Acción de Gracias. Dos días después fue enviada a Honduras, país donde ahora reside con sus abuelos.

En una declaración jurada presentada ante un tribunal, la joven describió el impacto emocional de los hechos. Contó que pasó una noche sin dormir por la emoción de ver a su familia y otra hacinada con 17 mujeres en una celda tan pequeña que apenas podían acostarse en el suelo.

Denuncias por violaciones al debido proceso

López Belloza llegó a Estados Unidos en 2014, cuando tenía ocho años, y años más tarde se emitió una orden de deportación. Sin embargo, sostuvo que su abogado anterior le aseguró que no existía tal orden, por lo que jamás imaginó que un viaje con pasaporte válido pudiera terminar en expulsión.

Si hubiera sabido de mi orden de deportación de 2017, no habría viajado”, escribió la estudiante. Agregó que habría dedicado los últimos años a contratar a un abogado para regularizar su estatus migratorio y evitar el desenlace que ahora enfrenta lejos de su hogar.

El gobierno sostiene que la joven perdió múltiples oportunidades de apelar su caso y que, al momento en que un juez federal ordenó el 21 de noviembre que no fuera deportada, ella ya se encontraba en Texas, por lo que el magistrado carecía de jurisdicción sobre su situación.

Los abogados de López Belloza rechazan esa versión y aseguran que ICE hizo prácticamente imposible localizarla. Alegan que la agencia no respondió llamadas a su oficina en Boston ni actualizó la base de datos de detenidos, además de trasladarla sin permitirle comunicarse con su familia o defensa legal.

Según el testimonio de la estudiante, cuando se negó a firmar un formulario de consentimiento para su deportación y pidió hablar con un abogado, un agente de ICE “alto, musculoso e intimidante” le dijo que no importaba con quién hablara, porque la iban a deportar de todos modos, relató Lucía López Belloza.

La joven añadió que más tarde pudo llamar a sus padres desde Massachusetts, pero no se le informó que sería trasladada a Texas y luego a Honduras, lo que la dejó sin posibilidad de alertar a su familia ni a sus representantes legales sobre su paradero.

En una presentación judicial separada, sus abogados acusaron al gobierno de actuar “de mala fe y con sigilo”, y solicitaron que se programe una audiencia para determinar si se violó la orden judicial. También pidieron que se permita a López Belloza regresar a Estados Unidos para declarar.

Las acciones legales se reforzaron con el apoyo de siete jueces federales jubilados, quienes enviaron una carta al tribunal un día después de la presentación de los abogados. En el documento, respaldaron la petición de una audiencia por posible desacato a la orden judicial.

Los magistrados retirados advirtieron que permitir que el gobierno ignore deliberadamente las decisiones de los tribunales representa una burla a la Constitución y erosiona la confianza pública en el sistema judicial, subrayando la gravedad institucional del caso.

Mientras la joven intenta recomponer su vida desde Honduras, el proceso continúa en los tribunales estadounidenses. El caso de Lucía López Belloza se ha convertido en un símbolo del debate sobre los límites del poder migratorio y el respeto a los derechos fundamentales.

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