Tribunal federal dictamina que Trump puso fin ilegalmente al TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua
La jueza federal de distrito Trina L. Thompson determinó que la terminación del estatus de protección no siguió el proceso adecuado
Juez anula la terminación del estatus de protección de Trump para Nicaragua, Honduras y Nepal. Crédito: Jose Luis Magana, Archivo | AP
Un tribunal federal de Estados Unidos declaró ilegal la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. El fallo, emitido este miércoles por la jueza federal Trina L. Thompson, concluye que la medida no cumplió con los requisitos establecidos por la ley.
En una sentencia de 52 páginas, la magistrada sostuvo que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “tomó una decisión predeterminada para terminar el TPS e influyó en el proceso de revisión de condiciones con el fin de facilitar su cancelación” para los tres países.
Violación de la ley administrativa
La jueza rechazó la solicitud del gobierno de desestimar el caso y determinó que Noem incumplió la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que obliga a evaluar objetivamente las condiciones de los países beneficiarios y a consultar con el Departamento de Estado antes de tomar una decisión.
Según el fallo, el proceso fue distorsionado deliberadamente para justificar la eliminación del TPS, un programa humanitario que protege de la deportación a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
Impacto en miles de familias migrantes
La decisión judicial beneficia a unas 60,000 personas, muchas de ellas residentes en Estados Unidos desde la década de 1990, que enfrentaban el riesgo de deportación y separación familiar tras la cancelación del TPS. Para muchos, la medida ya había provocado la pérdida de empleos y un agravamiento de su situación económica.
“TPS me ha brindado a mí y a mis hijos una protección humanitaria esencial”, afirmó Sandhya Lama, una de las demandantes, originaria de Nepal y madre soltera de tres hijos ciudadanos estadounidenses. “Este fallo me permite volver a trabajar y vivir con seguridad, pero esta decisión nunca debió tomarse de manera tan arbitraria”.
Alivio temporal y continuidad de la lucha legal
Jhony Silva, demandante hondureño de 29 años, señaló que la cancelación del TPS ya había tenido consecuencias devastadoras en su vida. “Perdí mi trabajo como asistente de enfermería certificada y tuve que abandonar mis estudios. Este fallo nos da un respiro, pero seguiremos luchando por nuestros derechos”, expresó.
Las organizaciones que representan a los demandantes —entre ellas la ACLU, el National Day Laborer Organizing Network y el Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles— celebraron la decisión, al considerar que confirma el carácter ilegal de la medida adoptada por la administración Trump.
Protección restaurada, por ahora
El fallo restablece las protecciones del TPS para los beneficiarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, incluyendo el reconocimiento legal de sus permisos de trabajo. Además, establece que sería ilegal que el gobierno intente detenerlos o deportarlos mientras esté vigente la decisión judicial.
“Este fallo envía un mensaje claro: la ley debe cumplirse”, señalaron los abogados del caso. Sin embargo, advirtieron que la batalla legal aún no ha terminado y pidieron al Congreso actuar para ofrecer una solución permanente a los titulares del TPS.
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