Congresistas acusan que Trump vuelve a prohibir supervisar centros de inmigrantes
Regresaron a la corte federal para exigir explicaciones al gobierno sobre cómo es que esta nueva directriz no viola la ley ni el fallo judicial vigente
El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York, habla con la prensa sobre las acciones de ICE. Crédito: J. Scott Applewhite | AP
Legisladores del Caucus Hispano del Congreso denunciaron que la administración del presidente Donald Trump reactivó “en secreto” una política que bloquea las visitas de supervisión a centros federales de detención de inmigrantes, una medida que, aseguran, viola la ley federal y una orden judicial reciente.
En un comunicado conjunto, doce congresistas alertaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) volvió a impedir el ingreso de miembros del Congreso a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que en diciembre pasado una corte federal ratificó el derecho de los legisladores a realizar visitas de fiscalización sin previo aviso.
El grupo, encabezado por el presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, expresó su preocupación por el momento en que se tomó la decisión, apenas una semana después de que un agente de ICE disparara y matara a una mujer en Minneapolis, un hecho que ha desatado indignación nacional y renovadas críticas a las prácticas de la agencia migratoria.
Denuncian desacato y regresan a tribunales
Los congresistas informaron que ya regresaron a la corte federal para exigir explicaciones al gobierno sobre cómo esta nueva directriz no viola la ley ni el fallo judicial vigente. La controversia escaló luego de que a varios legisladores de Minnesota se les negara el acceso a un centro de detención la semana pasada, a pesar de que portaban la orden judicial que autoriza dichas inspecciones.
Según la demanda, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó discretamente un memorando que restablece el requisito de notificación con siete días de anticipación para las visitas del Congreso, una condición que los jueces ya habían considerado ilegal. La existencia del documento solo salió a la luz tras el rechazo a los legisladores en Minnesota, lo que motivó una moción urgente ante el Tribunal de Distrito de Columbia.
“En lugar de cumplir con la ley, el DHS intenta evadir una orden judicial reimponiendo la misma política ilegal”, señalaron los demandantes, quienes subrayaron que la supervisión es una responsabilidad constitucional del Congreso y no una facultad que el poder ejecutivo pueda suspender a conveniencia.
Las preocupaciones por la falta de transparencia se agravan ante los datos oficiales de ICE, que reconocen al menos 10 muertes en centros de detención entre 2024 y 2025. Documentos del propio DHS atribuyen los decesos a deficiencias médicas y retrasos en la atención de salud, factores que, según los legisladores, refuerzan la necesidad de una vigilancia independiente.
Organizaciones como Democracy Forward y American Oversight, que representan a los congresistas en la demanda, cuestionaron abiertamente al gobierno. “¿Qué están ocultando?”, plantearon, al advertir que impedir la supervisión legislativa socava el estado de derecho y el sistema de pesos y contrapesos.
Mientras el caso avanza en los tribunales, los congresistas insistieron en que no desistirán de su intento por ingresar a los centros de detención y verificar las condiciones en las que permanecen miles de inmigrantes bajo custodia federal.
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