Grupos latinos piden al Congreso prohibir uso de militares en redadas migratorias
Más de 70 grupos civiles denuncian abusos de poder y violaciones constitucionales en redadas de ICE, advirtiendo que la comunidad vive bajo estado de "guerra"
“Esta Administración le ha declarado la guerra a nuestra gente y estamos siendo atacados por nuestro propio Gobierno”, sentenció Janet Murguía, presidenta de UnidosUS. Crédito: Andrew Harnik/ Archivo | AP
Más de 70 organizaciones latinas de Estados Unidos pidieron al Congreso, frenar el uso “ilegal” de las fuerzas armadas para la aplicación de las leyes migratorias, al considerar que erosiona la Constitución y socava la seguridad pública.
“Lo que la comunidad latina ha experimentado en Los Ángeles, Chicago, Portland y, más recientemente, Mineápolis, da la impresión de que esta Administración le ha declarado la guerra a nuestra comunidad y de que estamos siendo atacados por nuestro propio Gobierno”, dijo en un comunicado la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.
“Esta coalición exige que el Congreso ejerza su poder de supervisión y asignación de fondos para garantizar la transparencia y exigir cuentas a la Administración”, indicó Murguía.
La petición fue formalizada en una carta firmada por 74 organizaciones nacionales, estatales y locales, entre ellas UnidosUS, NAACP, LULAC y Voto Latino, y se dio a conocer tras una conferencia de prensa virtual realizada en la antesala del Día de Martin Luther King Jr.
“Nuestra democracia está pasando por una prueba de resistencia”, afirmó Derrick Johnson, presidente de la NAACP, quien se sumó al llamado advirtiendo que el perfilamiento racial y el odio están socavando la esencia misma de la nación.
Exigen frenar la extralimitación federal
El reclamo cobra fuerza en medio de la tensión en Minnesota por un operativo migratorio federal realizado sin el consentimiento de autoridades estatales y locales. La crispación aumentó tras la muerte de una ciudadana estadounidense que recibió varios disparos de un agente del ICE cuando intentaba huir en su vehículo durante una redada, un caso que detonó protestas comunitarias.
Las organizaciones alertaron además sobre la amenaza de la Administración Trump de invocar la Ley de Insurrección, lo que permitiría desplegar al Ejército para contener disturbios civiles. Para los firmantes, ese escenario representa una peligrosa militarización de la aplicación de leyes civiles.
En la carta, la coalición recordó que el Congreso aprobó el verano pasado cerca de $170,000 millones de dólares y la incorporación de 10,000 agentes adicionales al ICE, recursos que —sin una supervisión adecuada— pueden derivar en abusos de poder. “Otorgar un cheque en blanco a la política migratoria solo profundiza un sistema deficiente”, advierten.
Entre las medidas solicitadas destacan la prohibición del uso de personal o recursos militares en tareas migratorias, impedir que agentes federales actúen enmascarados o sin identificarse, suspender los acuerdos 287(g) hasta contar con supervisión independiente y exigir órdenes judiciales para arrestos y detenciones.
Las organizaciones subrayaron que estas reformas buscan proteger los derechos constitucionales de todas las comunidades y reafirmar el papel del Congreso como contrapeso frente a la extralimitación del poder ejecutivo.
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