Jueza avala restringir visitas de legisladores a centros de detención de migrantes
La magistrada Jia Cobb determinó que el DHS puede seguir exigiendo al Congreso un aviso con al menos siete días de antelación antes de realizar visitas
El centro de detención Bluebonnet el jueves 24 de abril de 2025, en Anson, Texas. Crédito: Eli Hartman | AP
Una jueza federal de Estados Unidos dio luz verde, por ahora, a la política del Gobierno de Donald Trump que limita las visitas de legisladores a centros de detención de migrantes, al considerar que los congresistas opositores deben reformular su demanda para impugnar la nueva versión de la medida.
La magistrada Jia Cobb, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede seguir exigiendo a los miembros del Congreso un aviso con al menos siete días de antelación antes de realizar visitas de supervisión a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una orden emitida este lunes, Cobb aclaró que su decisión no implica que la política sea legal o correcta, sino que los demandantes utilizaron un recurso procesal inadecuado, ya que el Gobierno modificó la directriz tras un fallo previo que la había bloqueado en 2025.
Cambios técnicos, nueva disputa legal
La jueza explicó que la administración Trump reactivó la política a principios de enero bajo un nuevo argumento: que los centros de detención ahora se financian con recursos incluidos en la ley “One Big Beautiful Bill”, promovida por el presidente, y no con fondos de asignaciones anuales que obligan a permitir la supervisión del Congreso sin restricciones.
Ese ajuste técnico llevó a Cobb a considerar que se trata de una nueva medida, por lo que los legisladores deberán presentar una demanda específica contra esta versión si buscan anularla. “El tribunal niega la moción únicamente porque no es la vía adecuada para impugnar el memorando del 8 de enero”, escribió la magistrada en su resolución.
La disputa escaló luego de que se negara el acceso a varios congresistas demócratas a instalaciones de ICE en San Diego, Broadview, Illinois, y Minneapolis. En este último caso, las representantes Ilhan Omar, Angie Craig y Kelly Morrison denunciaron que se les impidió ingresar a un centro días después de un operativo que terminó con la muerte de una mujer en esa ciudad.
Tensiones por supervisión y récord de detenciones
El Gobierno ha defendido la política alegando razones de seguridad y la necesidad de cumplir con nuevas normas internas. Sin embargo, los legisladores y organizaciones civiles sostienen que el aviso previo limita la capacidad de supervisión real, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente dentro de los centros.
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente presión sobre el sistema migratorio. Bajo la actual administración, las detenciones han alcanzado niveles récord: en promedio, más de 73,000 migrantes permanecen bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del DHS en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.
Además, 2025 fue el año más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia de ICE, con más de 30 fallecimientos reportados. Los demandantes argumentan que estas cifras hacen urgente permitir inspecciones sin previo aviso para garantizar la rendición de cuentas.
Aunque la jueza Cobb dejó abierta la puerta a nuevas impugnaciones, por ahora la política seguirá vigente, profundizando el choque entre el Congreso y la Casa Blanca sobre la transparencia y el control de las detenciones migratorias en Estados Unidos.
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