Juez ordena a Florida publicar los archivos sobre el centro migratorio Alligator Alcatraz

En un golpe contra la opacidad del gobierno estatal de Florida y las políticas de mano dura de la administración Trump, un juez ordenó la liberación inmediata de documentos clave sobre el polémico centro de detención “Alligator Alcatraz”. La decisión judicial pone bajo la lupa un acuerdo secreto que permitiría el uso de millonarios fondos federales para operar esta cárcel migratoria enclavada en el corazón de los Everglades.

El juez del estado de Florida ordenó al gobierno estatal hacer públicos los documentos relacionados con el funcionamiento y la financiación del centro de detención migratoria, una instalación operada en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El fallo, emitido por el Segundo Circuito Judicial del Condado de León, concede un plazo de 21 días a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) para entregar los registros solicitados por las organizaciones ambientalistas Friends of the Everglades y Earthjustice. La decisión forma parte de una demanda en la que los grupos acusan a las autoridades estatales de violar la Ley de Transparencia Gubernamental al ocultar información clave sobre el proyecto.

Según los demandantes, el gobierno estatal y agencias federales habrían retenido documentos para evitar cumplir con la legislación ambiental federal antes de construir el centro, inaugurado en julio de 2025 como símbolo de la política migratoria de línea dura impulsada por la segunda administración del presidente Donald Trump.

Denuncian secretismo y fondos federales ocultos

Friends of the Everglades sostiene que desde el inicio el proyecto estuvo rodeado de opacidad. Su directora ejecutiva, Eve Samples, advirtió que el gobierno “intentó eludir su obligación legal de proteger los Everglades”, un ecosistema frágil que alberga decenas de especies endémicas y protegidas.

En el proceso judicial se revelaron nuevos documentos que contradicen la versión oficial de que no hubo participación federal en la financiación del centro. De acuerdo con Earthjustice, el Departamento de Seguridad Nacional otorgó a Florida una notificación de asignación de fondos por $608.4 millones de dólares en julio pasado, semanas después de que funcionarios estatales y federales acordaran que la instalación recibiría recursos federales.

“El Estado y la administración Trump han sostenido que Florida construyó un centro para cinco mil personas sin coordinación alguna con el gobierno federal. Esa postura desafía el sentido común”, afirmó Paul Schwiep, abogado de Friends of the Everglades.

El caso se desarrolla en paralelo a otra disputa legal sobre el cierre definitivo del centro. En agosto de 2025, una jueza ordenó su desmantelamiento por presuntas violaciones ambientales, pero el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones suspendió esa orden mientras revisa el fondo del asunto. Una nueva audiencia fue programada para abril próximo.

Además de los cuestionamientos ambientales, organizaciones de derechos civiles han denunciado abusos contra migrantes detenidos y la falta de datos oficiales sobre cuántas personas permanecen recluidas en el lugar.

Para Earthjustice, la resolución judicial representa un paso clave hacia la rendición de cuentas. “Estos documentos pertenecen a los contribuyentes de Florida y deben hacerse públicos”, subrayó Tania Galloni, abogada principal de la organización.

Con el fallo, el gobierno estatal queda ahora obligado a abrir sus archivos y aclarar el alcance real de la participación federal en uno de los centros de detención más controvertidos del país.

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