Senadores demócratas exigen al DOJ abrir investigación de derechos civiles por la muerte de Renee Good
La presión legislativa surge tras la negativa de la Fiscal General Adjunta, Harmeet Dhillon, de indagar el proceder del agente migratorio que mató a Renee
Los senadores demócratas por California Adam Schiff (derecha), y el senador Alex Padilla, responden preguntas tras una visita a un centro de detención de inmigrantes el martes 20 de enero de 2026 en California City, California. Crédito: Marcio Jose Sanchez | AP
Un grupo de senadores demócratas, encabezados por Alex Padilla y Adam Schiff, ambos representantes de California, junto con el senador Peter Welch (por Vermont) se unieron para, como lo han solicitado los fiscales de carrera, exigir al Departamento de Justicia (DOJ) a que abra una investigación de derechos civiles por la muerte de Renee Nicole Good, quien fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a principios de este mes en Minneapolis.
Los legisladores acusan al gobierno federal de negarse a aplicar las leyes de derechos civiles para priorizar la agenda migratoria del presidente Donald Trump. En una carta enviada a la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, los senadores —todos miembros del Comité Judicial del Senado— señalaron que la decisión del DOJ de no investigar el caso contradice prácticas históricas de administraciones tanto demócratas como republicanas, que solían abrir investigaciones de derechos civiles tras enfrentamientos mortales con agentes del orden, incluso cuando no era probable la presentación de cargos penales.
La presión legislativa surge tras la negativa rotunda de la Fiscal General Adjunta, Harmeet Dhillon, de indagar el proceder del agente migratorio. En una carta enviada al DOJ, los senadores calificaron esta omisión como un “cambio radical” y peligroso que prioriza la agenda de deportación masiva del presidente sobre el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.
La misiva fue firmada también por figuras clave del Partido Demócrata, entre ellas Dick Durbin, Richard Blumenthal, Cory Booker, Amy Klobuchar y Mazie Hirono.
Renuncias, presión interna y cuestionamientos al DOJ
De acuerdo con informes públicos citados en la carta, varios fiscales federales de carrera dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se ofrecieron a liderar la investigación del tiroteo contra Good.
Sin embargo, Dhillon dejó claro que la División no abriría el caso, postura que fue respaldada públicamente por el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien afirmó que no existía “base” para una pesquisa de derechos civiles.
Esa afirmación, subrayan los senadores, contradice la evaluación preliminar de un agente del FBI, quien determinó que sí existían fundamentos suficientes para iniciar una investigación federal por posibles violaciones a la ley.
La presión desde Washington habría provocado la renuncia de un alto funcionario del FBI en Minneapolis, así como la salida acelerada de varios fiscales de carrera, incluido el jefe de la Sección Penal de la División de Derechos Civiles.
Los senadores calificaron esta decisión como “sumamente inusual”, ya que, según denunciaron, se ordenó a los agentes federales excluir a las autoridades locales de la investigación y no compartir material relevante.
Lo que más indigna a los defensores de los derechos civiles es el giro que ha tomado la investigación oficial.
En lugar de escrutar el uso de la fuerza letal por parte del agente de ICE, el Departamento de Justicia ha ordenado investigar a la propia víctima, a su viuda y a grupos activistas que monitorean la actividad migratoria en Minnesota.
En su carta, los legisladores advierten que estas acciones minan la confianza pública y la credibilidad de las instituciones, luego de que seis abogados de la fiscalía en Minnesota renunciaron en protesta por lo que consideraron una investigación con motivaciones políticas.
¿Justicia o persecución política?
“La aparente interferencia política en decisiones de investigación y procesamiento socava el estado de derecho”, escribieron, al tiempo que urgieron al DOJ a escuchar a los fiscales de carrera y abrir una investigación independiente.
Mientras tanto, el senador Padilla sigue impulsando la “Ley de Responsabilidad para la Aplicación de la Ley Federal”, una iniciativa que busca otorgar a las personas el derecho a demandar a agentes federales en tribunales civiles por abusos constitucionales, independientemente de su estatus migratorio.
La muerte de Renee Good se suma a la de Alex Pretti, otro civil abatido recientemente por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) en condiciones similares, lo que ha convertido a Minneapolis en el epicentro de las protestas contra lo que los activistas llaman la “militarización ilegal” de las ciudades estadounidenses.
Sigue leyendo:
