Nuevo México aprueba ley para prohibir los centros de detención de ICE en el estado
La medida firmada por la gobernadora coloca al estado fronterizo entre los más restrictivos frente a las políticas federales de detención y deportación de Trump
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó la Ley de Seguridad de los Inmigrantes (HB 9). Crédito: Susan Montoya Bryan | AP
En lo que activistas y legisladores han calificado como una victoria sin precedentes para la comunidad inmigrante, Nuevo México se convirtió oficialmente en un “muro estatal” contra las deportaciones masivas.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la Ley de Seguridad de los Inmigrantes (HB 9), una normativa que prohíbe de manera tajante que cualquier entidad gubernamental del estado mantenga acuerdos para operar centros de detención de inmigrantes bajo el mando del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida, firmada por Lujan Grisham, coloca al estado fronterizo entre los más restrictivos frente a las políticas federales de detención y deportación impulsadas durante la Administración de Donald Trump.
La nueva legislación impide que cualquier entidad estatal o local que reciba fondos públicos firme acuerdos para encarcelar a personas acusadas únicamente de violaciones a la ley migratoria, consideradas infracciones civiles. Además, ordena la cancelación de los contratos ya existentes y prohíbe el uso de terrenos públicos para este fin. También veta los convenios 287(g), que permiten a policías y alguaciles actuar como agentes migratorios federales.
Actualmente, Nuevo México cuenta con tres centros de detención para migrantes, con capacidad total para unas 3,000 personas. Con la entrada en vigor de la ley, el estado busca desligarse de un sistema que organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado durante años por abusos, negligencia médica y muertes bajo custodia.
Un freno a la expansión de la detención migratoria
La aprobación de la norma llega en un momento de fuerte impulso federal para ampliar la red de centros de detención en todo el país. La semana pasada, Bloomberg informó que el Gobierno de Trump busca adquirir más de 20 bodegas para convertirlas en cárceles migratorias. La más grande, ubicada en Hutchins, Texas, tendría capacidad para albergar hasta 9,500 personas.
De acuerdo con datos filtrados a CBS News, las detenciones de migrantes alcanzaron niveles récord bajo la actual Administración. Solo en enero, más de 73,000 personas permanecían bajo custodia federal, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.
El año pasado también fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas detenidas por ICE, con más de 30 fallecimientos; en lo que va de 2026 ya se han reportado al menos tres muertes más.
Organizaciones civiles subrayaron que los centros de Nuevo México han sido parte de ese patrón. Denuncian el uso excesivo del aislamiento, atención médica deficiente y condiciones inadecuadas de agua y alimentación, además de al menos cinco muertes registradas en los últimos años dentro de estas instalaciones.
Defensores celebran un “momento decisivo”
La ley fue recibida con aplausos por activistas y defensores de derechos humanos. “Hoy marca un momento decisivo para Nuevo México y una poderosa victoria para las familias inmigrantes que han luchado durante años para poner fin a la complicidad de nuestro estado en la detención y deportación masivas”, afirmó Carla Law, de la ACLU de Nuevo México.
Los promotores de la legislación destacaron que la medida también fortalece la seguridad pública, al permitir que víctimas de delitos y sobrevivientes de violencia doméstica puedan acudir a la policía sin temor a ser detenidos por su estatus migratorio. Estudios citados por los defensores indican que los estados con leyes similares registran tasas de deportación hasta cuatro veces menores que aquellos que colaboran con ICE.
Con esta decisión, Nuevo México se suma a otros ocho estados que han optado por desvincularse del sistema federal de detención migratoria. Para sus impulsores, la nueva ley reafirma los valores de dignidad, justicia y seguridad comunitaria, y envía un mensaje claro en medio de un clima nacional marcado por el endurecimiento de la política migratoria.
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