Texas demanda al condado de Bexar por brindar servicios legales a inmigrantes
“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente”, señaló el fiscal general
“Los izquierdistas del condado de Bexar no tienen autoridad para usar el dinero de los contribuyentes para financiar su agenda radical”, afirmó Ken Paxton. Crédito: Ross D. Franklin | AP
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra el condado de Bexar, su Tribunal de Comisionados y varios funcionarios locales, al acusarlos de destinar de manera ilegal fondos públicos para financiar servicios legales a inmigrantes que enfrentan procesos de deportación federal.
De acuerdo con la querella, en diciembre pasado los comisionados del condado aprobaron la asignación de $566,181 dólares adicionales al Fondo de Servicios Legales de Inmigración, un programa creado en 2024 para ofrecer representación jurídica a residentes del área afectados por operativos migratorios.
Paxton sostiene que este gasto viola la ley estatal y la Constitución de Texas, al tratarse de recursos de los contribuyentes utilizados para beneficiar a personas que se encuentran en el país sin estatus legal.
“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, señaló el fiscal general en un comunicado, en el que también aseguró que el monto total destinado al programa podría superar el millón de dólares.
Paxton acusa violación constitucional y pide frenar el programa
En la demanda, el estado argumenta que el gasto infringe la llamada Cláusula de Donación de la Constitución de Texas, la cual prohíbe a los gobiernos locales otorgar recursos públicos a entidades privadas sin un beneficio público claro.
Paxton sostiene que los procesos de deportación son de carácter civil y que las personas no tienen derecho constitucional a recibir representación legal financiada por el gobierno. Los fondos aprobados por el condado de Bexar fueron asignados a American Gateways, una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo costo a inmigrantes de bajos ingresos, refugiados y sobrevivientes de persecución, tortura o trata de personas.
Paxton solicitó a un juez una orden de restricción temporal para obligar al condado a entregar los recursos y detener cualquier pago adicional, así como un mandato judicial permanente que impida la firma o renovación de contratos similares en el futuro.
“Los izquierdistas del condado de Bexar no tienen autoridad para usar el dinero de los contribuyentes para financiar su agenda radical”, afirmó el fiscal general, en un tono que ha utilizado de forma recurrente en disputas con gobiernos locales encabezados por demócratas.
Un condado clave y un antecedente reciente
El condado de Bexar es el cuarto más poblado de Texas, con cerca de dos millones de habitantes, e incluye a la ciudad de San Antonio, una de las áreas metropolitanas con mayor población latina del estado. Programas similares de apoyo legal a inmigrantes han sido impulsados en otras jurisdicciones de mayoría demócrata, como el condado de Los Ángeles.
Entre los demandados figuran el juez del condado, Peter Sakai, los cuatro comisionados y James “Jim” Bethke, director ejecutivo de la Oficina de Abogados Asignados Administrados del condado, entidad que administra el fondo. Bethke también compite en las primarias demócratas para fiscal de distrito del condado.
En respuesta a la demanda, la vocera del condado, Mónica Ramos, indicó que las autoridades locales no comentan sobre litigios en curso. Hasta el cierre de esta edición, los funcionarios señalados no habían emitido declaraciones públicas.
El caso recuerda un intento previo de Paxton por bloquear fondos similares en el condado de Harris, el más poblado del estado, donde un juez rechazó la demanda del fiscal general. Ahora, el desenlace del litigio en Bexar podría sentar un nuevo precedente sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos locales en el apoyo legal a inmigrantes frente a las políticas estatales de Texas.
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