Organizaciones reclaman política migratoria de Trump y acusan violaciones a la ley federal de asilo
Organizaciones acusan que gobierno de Trump bloquea de forma ilegal el acceso al proceso de asilo en Estados Unidos
Señalan que ningún presidente tiene la autoridad para ignorar las leyes debidamente promulgadas por el Congreso. Crédito: Marco Ugarte | AP
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes llevaron ante la Corte Suprema una demanda contra la política de retorno aplicada durante la administración Trump, al considerar que violó la ley federal de inmigración y puso en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo.
La organización de defensa legal Al Otro Lado, junto con solicitantes de asilo afectados, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos previo a los argumentos orales programados para el 24 de marzo, en el caso Noem contra Al Otro Lado. La demanda cuestiona la legalidad de la llamada política de retorno, una práctica aplicada durante el gobierno de Donald Trump que bloqueó el acceso al proceso de asilo en los puertos de entrada de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según las organizaciones demandantes, la política permitió que agentes de inmigración impidieran física e indefinidamente el ingreso de personas que buscaban protección, a pesar de presentarse en cruces fronterizos oficiales, lo que afirman incumplió directamente la ley federal de inmigración.
“Nuestro sistema de asilo se construyó tras el Holocausto, como respuesta a las consecuencias mortales de cerrar las puertas a quienes huyen de la persecución”, declaró Nicole Elizabeth Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado. La activista sostuvo que la política nunca buscó ordenar el proceso, sino bloquear la única vía de supervivencia de muchos refugiados, obligándolos a esperar en condiciones extremadamente peligrosas en México, donde numerosos solicitantes fueron secuestrados, agredidos o asesinados.
Una política contraria a décadas de ley migratoria
Durante más de un siglo, la ley estadounidense ha exigido que el gobierno inspeccione y procese a toda persona que solicite asilo en un puerto de entrada designado, garantizando que nadie sea devuelto a un lugar donde su vida corra peligro sin antes evaluar su solicitud. Las organizaciones sostienen que la política de retorno violó este principio fundamental al devolver sistemáticamente a solicitantes de asilo a México.
La demanda colectiva, presentada contra funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), documenta múltiples casos en los que agentes negaron el derecho a solicitar asilo mediante información falsa, amenazas y coerción, incluyendo advertencias de que los solicitantes perderían la custodia de sus hijos.
Aunque la política de retorno dejó de aplicarse en 2021, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema revisar un fallo del Noveno Circuito que la declaró ilegal. La Corte aceptó el caso en noviembre, lo que ha generado preocupación entre defensores de inmigrantes, especialmente ante el restablecimiento y expansión de políticas restrictivas en 2025 durante el segundo mandato de Trump.
Ese año, la administración impulsó nuevas órdenes ejecutivas, declaró una emergencia nacional en la frontera, buscó reinstalar políticas similares a “Permanecer en México”, y aumentó de forma significativa las detenciones y deportaciones, acciones que, según las organizaciones, hacen aún más urgente un fallo claro de la Corte Suprema.
Al Otro Lado cuenta con la representación legal del Consejo Americano de Inmigración, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, el Centro de Derechos Constitucionales, Democracy Forward y el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional, quienes aseguran que el caso es crucial para definir si un presidente puede ignorar las leyes de asilo aprobadas por el Congreso.
Para millones de inmigrantes y familias hispanas en Estados Unidos, el resultado de este caso podría marcar el futuro del derecho al asilo y el acceso a la protección humanitaria en la frontera.
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