Google entregó información de sus usuarios a ICE sin una orden judicial

Google está en el centro de una nueva polémica por entregar datos personales y financieros de un estudiante y periodista a ICE sin una orden firmada por un juez. Esto reaviva las alarmas sobre privacidad, vigilancia y el poder que tienen hoy las big tech sobre nuestras vidas digitales.

¿Por qué Google entregó datos a ICE sin orden judicial?

Google entregó a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) un “trove” de datos. Se trata de una auténtica montaña de información sobre Amandla Thomas-Johnson, periodista y estudiante británico que estuvo en Cornell University. Él acudió brevemente a una protesta pro Palestina en 2024. La petición de datos llegó a Google mediante un subpoena administrativo. Esto es una citación emitida directamente por una agencia federal, sin pasar por la firma de un juez.

Lo más grave es que no se trató de una orden judicial tradicional. Fue un requerimiento administrativo mucho más fácil de emitir. También es mucho menos garantista. El documento incluía una orden de silencio (gag order). Esto impedía informar al propio usuario de que su información estaba siendo solicitada.

El contexto no ayuda a calmar los ánimos. La solicitud de datos se produjo unas dos horas después de que Cornell le informara a Thomas-Johnson que el gobierno estadounidense había revocado su visa de estudiante. Esto refuerza la sensación de represalia. También sugiere un uso político de las herramientas de vigilancia.

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¿Qué datos personales compartió Google con ICE?

Lo que Google compartió con ICE va mucho más allá de un simple correo o un número de teléfono aislado. Según el reporte, la compañía entregó varios elementos clave.

• Nombres de usuario asociados a la cuenta de Google de Thomas-Johnson.
  
• Direcciones físicas vinculadas a esa cuenta.
  
• Un listado detallado de los servicios de Google asociados a la cuenta. Incluye qué productos usaba, como Gmail o Drive.
  
• Direcciones IP que permiten inferir desde dónde se conectaba.
  
• Números de teléfono, números de suscriptor e identidades asociadas a la cuenta.
  
• Y lo más sensible, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias vinculadas a su cuenta de Google.

No es solo un tema de “metadatos” inocentes. Hablamos de información financiera. También de un nivel de detalle que permite perfilar a una persona casi por completo. Aunque las citaciones administrativas no pueden obligar a entregar el contenido de correos, búsquedas o datos de ubicación, sí permiten requerir este tipo de datos identificables. Esto sirve para desanonimizar a alguien y trazar su huella digital.

En este caso, el objetivo aparente era identificar y seguir a una persona que es estudiante, periodista y asistió a una protesta. Esto pone el foco en la libertad de expresión y el derecho a la protesta política.

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¿Es legal que Google dé datos de usuarios a ICE?

Aquí está la parte más incómoda. Legalmente, Google puede responder a un subpoena administrativo, pero no está obligada a hacerlo. A diferencia de una orden judicial o un mandato de un juez, estas citaciones administrativas son emitidas directamente por agencias como ICE. No hay supervisión previa de un tribunal.

• Legalidad básica. Las citaciones administrativas son una herramienta prevista en la ley. Permiten a agencias federales pedir ciertos datos sin orden judicial.
  
• No pueden exigir contenido de comunicaciones como emails, búsquedas o ubicación precisa. Pero sí metadatos e información identificable, como correos, IPs o datos de suscripción.
  
• Las empresas tecnológicas pueden negarse a entregar la información. También pueden pedir que un juez revise la solicitud.

Es decir, Google no estaba forzada por ley a entregar todos estos datos. Eligió cumplir con la citación tal como llegó, sin un control adicional de un tribunal. Ahí entra el debate ético. Lo que es “legal” no necesariamente es legítimo. Tampoco respeta el nivel de protección de privacidad que los usuarios esperan de una compañía de este tamaño.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) envió recientemente una carta a gigantes como Amazon, Apple, Discord, Google, Meta, Microsoft y Reddit. Les pide que dejen de facilitar datos al Department of Homeland Security (DHS), del que depende ICE, cuando se trate de citaciones administrativas. En esa carta, la EFF asegura que está “profundamente preocupada”. Estas compañías estarían fallando a la hora de desafiar vigilancia ilegal. También fallan en defender la privacidad y la libertad de expresión de sus usuarios.

La EFF les pide dos cosas muy claras.

• Que exijan al DHS que obtenga confirmación judicial. Esto verifica que sus demandas no son ilegales ni inconstitucionales antes de entregar datos.
  
• Que notifiquen a los usuarios cuando haya una petición sobre sus datos. Así dan tiempo para que ellos mismos puedan impugnar esa solicitud.

En el caso de Thomas-Johnson, nada de esto ocurrió según el reporte. Hubo gag order, no hubo revisión judicial previa y Google decidió cooperar igualmente.

Puede que lo que hizo Google sea técnicamente legal bajo el paraguas de las citaciones administrativas. Pero rompe por completo la expectativa de privacidad y protección que muchos usuarios creen tener cuando usan sus servicios.  

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