Trump nomina a aliada para el Tribunal de Comercio Internacional, puesto clave para reembolsos arancelarios
A través de su red Truth Social, Trump calificó como un “honor” postular a Kara Westercamp y la describió como “una abogada comercial con mucha experiencia”
La eventual llegada de Kara al tribunal podría influir directamente en el rumbo de futuras disputas sobre aranceles, importaciones y acuerdos comerciales. Crédito: Matt Slocum/ Archivo | AP
El presidente Donald Trump anunció la nominación de Kara Westercamp, actual asesora asociada de la Casa Blanca, para ocupar una vacante en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una corte federal con sede en Nueva York que ha estado en el centro de las disputas sobre la política arancelaria de su administración.
A través de su red Truth Social, Trump calificó como un “honor” postular a Westercamp y la describió como “una abogada comercial con mucha experiencia” que ha trabajado durante más de una década en el Departamento de Justicia. Según el mandatario, la funcionaria ha sido parte del equipo legal que impulsa su agenda económica bajo el lema de “Estados Unidos Primero”.
“Kara conoce la sabiduría y el coraje necesarios para proteger al pueblo estadounidense, que ha sido estafado por otros países durante demasiado tiempo. Siempre pondrá a Estados Unidos primero”, escribió el presidente en su mensaje.
De ser confirmada por el Senado, Westercamp recibiría un nombramiento vitalicio en el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos compuesto por nueve jueces, cuya jurisdicción es nacional y se enfoca en litigios civiles derivados de las leyes comerciales del país.
Un tribunal clave en la batalla por los aranceles
El Tribunal de Comercio Internacional ha adquirido especial relevancia durante la administración Trump debido a las múltiples impugnaciones contra los aranceles impuestos bajo distintos argumentos legales, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
Esa legislación, que históricamente no se había utilizado para justificar gravámenes amplios, fue invocada por el gobierno para aplicar los llamados aranceles “recíprocos”.
La Corte Suprema revisa actualmente el alcance de la autoridad presidencial bajo esa ley. En caso de que el máximo tribunal limite o invalide parte de esas medidas, el caso podría regresar al Tribunal de Comercio Internacional para determinar la implementación práctica del fallo, incluyendo posibles reembolsos.
Los jueces de esa corte han sostenido en resoluciones previas que cuentan con facultades para ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recalcular aranceles y emitir devoluciones si se concluye que fueron cobrados de manera indebida.
El año pasado, un panel del tribunal anuló partes del programa arancelario impulsado por Trump. Tras esa decisión, el presidente cuestionó públicamente a los magistrados, insinuando en redes sociales que el fallo pudo haber estado motivado por animadversión política, pese a que uno de los jueces involucrados había sido nominado por él mismo durante su primer mandato.
Remodelación del poder judicial
La nominación de Westercamp se inscribe en el esfuerzo más amplio del presidente por dejar su huella en el sistema judicial federal. A lo largo de sus mandatos, Trump ha designado a más de 270 jueces federales, incluidos tres magistrados de la Corte Suprema, consolidando una transformación significativa del equilibrio ideológico en las cortes.
Antes de llegar a la Casa Blanca, Westercamp forjó su carrera en la División Civil del Departamento de Justicia, donde defendió decenas de casos precisamente ante el tribunal al que ahora aspira pertenecer. Su experiencia previa en el bufete Jones Day refuerza un perfil que, según el presidente, está diseñado para “poner siempre a Estados Unidos primero”.
El proceso de confirmación requerirá una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, así como revisiones de antecedentes y declaraciones financieras. En un contexto donde la política comercial sigue siendo eje central del debate nacional, su eventual llegada al tribunal podría influir directamente en el rumbo de futuras disputas sobre aranceles, importaciones y acuerdos comerciales que afectan tanto a empresas como a consumidores en todo el país.
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