Inmigrantes deportados a terceros países cuestan millones, revela informe
Un informe del Congreso revela costos millonarios y escaso control en deportaciones a terceros países por parte de la administración Trump
EE.UU. ha trabajado en envíos de inmigrantes a terceros países desde que llegó Trump a la presidencia. Crédito: Matias Delacroix | AP
Un nuevo informe del Congreso pone bajo la lupa la política de deportaciones a terceros países impulsada por la administración de Donald Trump. El documento, de 30 páginas y titulado ‘At What Cost? Inside the Trump Administration’s Secret Deportation Deals’, examina cómo se negocian estos acuerdos y los altos costos asociados.
La investigación se basa en una revisión de 10 meses que incluyó el análisis de convenios conocidos, deportaciones realizadas hasta enero de 2026, viajes de personal a países involucrados y reuniones con funcionarios de EE.UU. y del extranjero, organizaciones de derechos humanos, inmigrantes deportados y abogados.
Según el informe, estas prácticas suelen ser costosas, poco transparentes y con una supervisión limitada; se describen operaciones calificadas como ineficaces, uso innecesario de fondos públicos y transferencias de dinero a gobiernos extranjeros sin controles claros.
La senadora Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango en el comité que impulsó el reporte, afirmó que deportar personas a países con los que no tienen vínculos genera altos costos para los contribuyentes y serias dudas humanitarias. También advirtió que más de 32 millones de dólares han sido enviados a gobiernos extranjeros, parte de ellos con antecedentes de corrupción.
Entre los hallazgos clave, el informe indica que se han gastado decenas de millones de dólares para trasladar a un número relativamente bajo de inmigrantes, en algunos casos con costos superiores al millón de dólares por persona. Además, señala que muchos podían haber sido enviados directamente a sus países de origen, lo que habría reducido gastos.
Falta de controles y acuerdos reservados
El reporte también cuestiona la falta de monitoreo del Departamento de Estado sobre el cumplimiento de garantías diplomáticas y advierte que algunos acuerdos se negocian de forma reservada, incluso con gobiernos considerados adversarios.
En un contexto de endurecimiento migratorio y posibles recortes a protecciones temporales, el documento sostiene que el uso de terceros países podría estar sirviendo para realizar deportaciones que, en otras circunstancias, la ley estadounidense limitaría.
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