Senado revela que Trump gastó más de $40 millones en deportar a 300 inmigrantes a terceros países
La Administración Trump entregó más de $32 millones de dólares directamente a cinco gobiernos
El Gobierno utilizó con frecuencia aeronaves militares para los traslados, con un costo de $32,000 dólares por hora de vuelo. Crédito: David J. Phillip | AP
Un informe demócrata en el Senado advirtió que la política de deportaciones a terceros países impulsada por la Administración Trump ha costado millones a los contribuyentes y podría expandirse en 2026.
Según el análisis, el Gobierno de Donald Trump ha gastado más de $40 millones de dólares en deportar a aproximadamente 300 inmigrantes a terceros países durante el último año.
El documento, divulgado tras una investigación de diez meses, señala que el costo total hasta enero de 2026 “es desconocido, pero probablemente superior a los 40 millones de dólares”.
Pagos millonarios a cinco países
Para asegurar acuerdos de deportación con terceros países, una práctica que anteriormente se utilizaba de manera excepcional, la Administración Trump entregó más de $32 millones de dólares directamente a cinco gobiernos:
- Guinea Ecuatorial: $7.5 millones
- Ruanda: $7.5 millones
- El Salvador: $4.76 millones
- Esuatini: $5.1 millones
- Palaos: $7.5 millones
Gran parte de estos fondos se entregaron en pagos únicos, en algunos casos incluso antes de que los migrantes llegaran a esos destinos.
Altos costos en vuelos, incluso con pocos pasajeros
El informe también detalla que el Gobierno utilizó con frecuencia aeronaves militares para los traslados, con un costo que puede superar los $32,000 dólares por hora de vuelo, incluso cuando transportaban a un número reducido de personas.
Por ejemplo, los vuelos que trasladaron a 51 migrantes hacia Ruanda, Esuatini y Guinea Ecuatorial en los últimos siete meses tuvieron un costo aproximado de $2.5 millones de dólares.
En total, hasta enero de 2026, se estima que se gastaron al menos $ 7.2 millones de dólares en vuelos de deportación hacia diez países distintos, aunque el monto real podría ser mucho mayor.
El informe subraya que más del 80% de los deportados ya regresaron o están en proceso de regresar a sus países de origen, lo que sugiere que, en muchos casos, EE.UU. pudo haberlos enviado directamente a sus naciones de procedencia.
“En algunos casos, Estados Unidos pagó para enviar a migrantes a terceros países y luego volvió a pagar para enviarlos a su país natal”, indica el documento.
Críticas por costos, transparencia y posibles efectos migratorios
La senadora Jeanne Shaheen, quien dirigió la investigación, afirmó que el Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes “en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costos humanos y el posible socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”.
Los legisladores demócratas también alertaron que la Administración busca retirar el estatus legal a miles de inmigrantes mediante la suspensión de programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) y permisos humanitarios, lo que podría ampliar el número de personas sujetas a deportaciones a terceros países.
El informe concluye que estas operaciones son costosas e ineficientes, representan un posible despilfarro de fondos públicos, financian a gobiernos extranjeros con escasa supervisión y carecen de transparencia en los acuerdos y su implementación.
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